El sindicato LAB compareció ayer en Donostia para informar sobre el estado de la negociación del convenio de residencias de la tercera edad de Gipuzkoa y, en este sentido, valoró como «muy importante» la propuesta de la Diputación para desbloquear la situación, por la que la institución foral se compromee a destinar 8,2 millones de euros en los próximos dos años para financiar las mejoras de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector.

En la iniciativa, que ya ha sido rechazada por las patronales Adegi y Lares (Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores), según Arantza Váquez, la Diputación «reconoce que es la principal responsable de los servicios de residencias y de centros de día y, en este sentido, se implica en la mejora y blindaje de las condiciones laborales, haciendo una apuesta por la mejora de dichos servicios. Asimismo, propone la mejora de las tarifas de las plazas».

Vázquez añadió que la propuesta goza tanto de un valor político como de capacidad de iniciativa a la hora de tomar decisiones en clave de soberanía, en tanto que blinda el convenio en una coyuntura en la que, vía reforma laboral, nuestros convenios están amenazados»

Desde LAB recordaron que la propuesta patronal para las residencias pasa por «una subida de la jornada en 38 horas anuales, la congelación de salarios y la aplicación de todas las cláusulas de la reforma laboral». Asimismo, denunciaron que «desde el primer día están tratando de alargar lo más posible la negociación, para que el próximo 7 de julio se aplique directamente el convenio estatal».

Por su parte, la responsable de Acción Sindical, Garbiñe Aranburu, instó a Adegi a «que haga suya la propuesta, no hay ninguna ilegalidad en ella, tienen dinero suficiente para garantizar ese convenio. ¿Dónde está el problema entonces? -se preguntó-. Si no es de ilegalidades, si no es económico, el problema es de una posición política que quiere mantener la patronal en favor de la reforma laboral».

Insistió la dirigente de LAB en que no aplicar la reforma laboral «no es una ilegalidad, como plantea la patronal, y hay que preguntarles qué tiene de ilegal la propuesta de la Diputación de Gipuzkoa en relación a las residencias o qué tiene de ilegal el convenio del papel de Gipuzkoa o el de las gasolineras de Bizkaia».