La concentración tuvo lugar después de que fracasaran las negociaciones entre el Ejecutivo y los sindicatos en la Mesa de Función Pública. Al término de la reunión, el Gobierno de Urkullu anunció que el martes aprobará por decreto ampliar la jornada laboral anual de los 70.000 empleados públicos, que pasará de las 1.592 horas actuales a 1.614,5 horas.

El responsable de Servicios Públicos de ELA, Ramón Uriarte, opinó ayer, en declaraciones a los medios, que aumentar la jornada en 22,5 horas anuales es un «despropósito absoluto» por la destrucción de empleo público que conllevará. Además, señaló que el Ejecutivo del PNV «ha despreciado» el acuerdo sobre las 35 horas semanales refrendado por todos los sindicatos de la Administración pública, con el fin de «asumir íntegramente» el decreto del Gobierno español.

Por su parte, el representante de LAB Patxi Bengoa alertó de que las medidas adoptadas solo conducen a «más paro y más pobreza», y «prueba de ello es que ayer 27 empleos públicos de la sociedad informática del Gobierno autonómico Ejie fueron despedidos», señaló. Finalmente, Bengoa denunció que lo que persigue el Ejecutivo de Gasteizes «implantar» los criterios de la empresa privada en la Administración pública «para hacer negocio».

Entretanto, ESK realizó un llamamiento al resto de sindicatos a «organizar una respuesta contundente» al aumento de jornada laboral. Asimismo, acusó a Lakua de «seguir a pies juntillas las políticas reaccionarias» de Mariano Rajoy y de «dar aliento a las políticas agresivas» de la patronal.

Vulneración de derechos

En relación a este conflicto, el parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu denunció que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha «vulnerado el derecho a la negociación colectiva al imponer su criterio por decreto» con respecto a las condiciones laborales de los funcionarios.

En una nota, Maeztu criticó que terminar con la jornada laboral de 35 horas semanales vulnera las condiciones de trabajo «fijadas por ley y pactadas con los sindicatos» y adelantó que interpelará en el Parlamento de Gasteiz sobre esta cuestión al consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka.

El parlamentario de EH Bildu preguntó si «la política del PNV por un empleo digno va a ser la eliminación de puestos de trabajo», y defendió «el reparto del empleo como manera de crear nuevos puestos de trabajo, garantizar condiciones laborales dignas y fortalecer unos servicios públicos de calidad».