El Gobierno de Tailandia ha vendido como una victoria política el inicio de conversaciones con los rebeldes del sur del país, pero el silencio de las armas pasa por convencer a la mayoría de la población -el 80% es musulmana- de su sinceridad, lo que representa un reto aún mayor.

Nueve años de conflicto marcados por las acciones insurgentes y las operaciones del Ejército, han generado en las cuatro provincias del extremo sur del país un sentimiento de profunda hostilidad hacia Bangkok. El jueves, el Gobierno firmó un acuerdo con el Frente Revolucionario Nacional BRN. Un día después, sin embargo, estalló una motocicleta hiriendo a seis personas. El primer ministro tailandés, Yingluck Shinawatra, restó ayer importancia a este incidente, porque, según remarcó, no es posible detener los ataques de la noche a la mañana.

El grupo rebelde denuncia la discriminación que sufre la población de etnia malaya y de religión musulmana en un país esencialmente budista tras un siglo de dominación política y cultural.

Uno de los interrogantes que abre este proceso es si los líderes del BRN que han aceptado abrir conversaciones con Bangkok serán capaces de convencer a los más jóvenes.

En declaraciones hace un año a AFP, un militante de PULO, organización que reclama la independencia del antiguo sultanato de Pattani y cuyos dirigentes están en el exilio, admitió que les resulta difícil canalizar la ira de los activistas más jóvenes, que «se muestran recelosos respecto a las verdaderas intenciones del Gobierno. Temen que eluda las cuestiones más importantes, como las violaciones de derechos humanos» y la impunidad del Ejército.