Los puentes de diálogo entre Catalunya y el Estado español siguen quemándose a pasos forzados. Tras el Consejo de Ministros de ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría anunció que, en contra de lo anunciado en un primero momento, el Ejecutivo español recurrirá en el Tribunal Constitucional (TC) la Declaración de Soberanía aprobada por el Parlament el 23 de enero.

Tras los informes de la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado, en los que se asegura la inconstitucionalidad de la resolu- ción catalana y en los que se instaba a impugnarla en el TC, el Gobierno anunció ayer su decisión, añadiendo que si el tribunal acepta el recurso a trámite, pedirán la suspensión cautelar de la Declaración. Los argumentos de Sáenz de Santamaría fueron los ya conocidos: al reivindicar a Catalunya como «sujeto político y jurídico soberano», la Declaración va contra la Constitución, que dice que la soberanía reside en el conjunto de «la nación española».

La reacción catalana no tardó. El jueves, cuando se conoció el informe del Consejo de Estado, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, señaló que el TC solo puede actuar contra resoluciones que producen efectos jurídicos. «¿Entonces qué, la anularán? ¿La expre- sión democrática de un pueblo?», preguntó Homs, para añadir que «el acto del 23 de enero es inimpugnable» y recordar que desde 1980 el Parlament ha aprobado hasta ocho resoluciones a favor del derecho a decidir, sin que nadie recurriese al Constitucional. De hecho, el Gobierno se arriesga ahora a que el TC ni siquiera acepte el recurso a trámite, como ocurrió con el Plan Ibarretxe.

Ayer fue el turno del president, Artur Mas, que consideró «fuera de lugar» el recurso y alertó del «retroceso» que viven las libertades democráticas en el Estado español. «Si lo recurren, en el fondo significa que no hay voluntad de diálogo real», añadió Mas, cuya reunión con el presidente, Mariano Rajoy, está aún pendiente de fecha. A su manera, el líder de CiU en Madrid, Josep Antoni Duran i Lleida, también criticó el recurso, advirtiendo de que «alimenta el separatismo».

También hubo reacciones desde Euskal Herria. El diputado de Amaiur Jon Inarritu se solidarizó con Catalunya y señaló que si el Gobierno no deja otra vía, catalanes y vascos ejercerán su derecho a decidir de forma «democrática, pacífica y unilateral». «El Estado español no ha entendido nada; hay una clara crisis territorial en este Estado, en el que su Constitución y el Tribunal Constitucional son parte del problema», añadió.

Acción exterior centralizada

El recurso al Constitucional no fue, sin embargo, la única medida tomada ayer por el Consejo de Ministros, que también aprobó el anteproyecto de Ley de Acción Exterior, con el fin de garantizar la «unidad de acción en el exterior» y la «centralización de servicios», apuntó la vicepresidenta.

Junto a ella compareció el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que aseguró que el proyecto de Ley «respeta» la acción exterior de las comunidades y que se trata, más bien, de una «oferta» para que las autonomías integren su diplomacia en la del Estado. Margallo explicó que, en contra de lo que se dijo en un primer momento, no se les impedirá la acción exterior a las autonomías que incumplan el objetivo de déficit, pero que, en cualquier caso, deberán informar al Gobierno de todas sus actuaciones en el exterior. Algo a lo que Mas respondió ayer señalando que no aceptarán «obligaciones de portarnos bien» y asegurando que Catalunya mantendrá su acción exterior.