Primera sentencia que condena a Tubacex por una muerte por amianto
El Juzgado de lo Social de Gasteiz ha condenado al grupo Tubacex, a la Seguridad Social y a Asepeyo por la muerte del trabajador Pedro Manuel Picaza Urrutxurtu. Considera su fallecimiento debido al amianto. El juzgado reconoce que la muerte tiene que ver con la enfermedad profesional, por lo que reconoce una prestación a la viuda de 1,679,65 euros por doce pagas desde el 5 de setiembre de 2011.
Juanjo BASTERRA | BILBO
Es la primera sentencia que se produce en Tubacex en relación al amianto. Condena a la empresa, a la Seguridad Social y a la mutua Asepeyo porque el mineral cancerígeno ha estado presente en la planta de Amurrio (Acería de Alava) como en la de Laudio, aunque se ha silenciado y ocultado. El trabajador falleció de una neoplasia maligna, un tipo de cáncer relacionado con el asbesto (amianto) lo que confirma la enfermedad profesional.
El abogado de la viuda de Pedro Manuel Picaza Urrutxurtu explicó a GARA que, incluso, en la vista judicial algunos empleados con cargo que fueron a testificar a favor de la dirección de Tubacex, que preside Alvaro Videgain, negaron la existencia del mineral cancerígeno hasta que el abogado defensor de la viuda mostró algunos albaranes que confirmaron su existencia.
Entre los hechos probados, según indica la sentencia, se encuentra que trabajó en el grupo Tubacex desde 1974 a 2011 y entre 1978 y 1988 «estuvo en contacto con el amianto, aproximadamente cuando prestaba servicios en la nave de laminación de Acería de Alava, filial del grupo Tubacex. Estuvo inhalando amianto sin que la circustancia de su tabaquismo acreditado desvirtúe la incidencia en su muerte de la inhalación de amianto, habiéndose acreditado una exposición suficiente para la declaración de la contingencia como derivada de enfermedad profesional».
Le fue detectado el cáncer en el pulmón en setiembre de 2010 y en mayo de 2011 causó baja. En su expediente ya se explica que en el tren de laminación de Acería de Alava estuvo en contacto con el amianto y también en otros lugares de la empresa donde trabajó, por lo que la Seguridad Social le otorgó la incapacidad permanente.
Tras su fallecimiento, a su viuda le concedieron una prestación por enfermedad común. Sin embargo, recurrió y ha logrado que sea declarada enfermedad profesional, por lo que percibirá una pensión de 1.679,65 euros en doce pagas con efectos de 5 de setiembre de 2011 «con las actualizaciones, revalorizaciones y mejoras, lo que supone un ingreso de 19.380,6 euros en atrasos». Supone una importante revalorización y abre nuevas vías contra Tubacex, porque trabajó con amianto «pero no puso las medidas adecuadas de seguridad y prevención», como confirma el abogado de la viuda.
La sentencia desacredita a dos testigos que llevó la empresa para decir que en el grupo Tubacex no se había estado en contacto con el amianto. Sin embargo, una serie de albaranes desacreditaron la complicidad de estos empleados.
La Seguridad Social concedió la contingencia por enfermedad común a la viuda, sin embargo la demanda judicial le concede la contingencia profesional con lo que la pensión de viudedad se ve mejorada.
El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Gasteiz contesta a dos interpelaciones de EH Bildu y PP en el Parlamento autonómico. A la pregunta de EH Bildu sobre la elaboración de un plan para hacer frente al amianto y sus consecuencias, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburtu, reconoce que «no existe un plan específico sobre el amianto», aunque admite que hay protocolos de actuación relacionados con el mineral cancerígeno.
A enero de este año, el número de trabajadores expuestos a amianto en la CAV se encuentra en 5.933, según contesta a EH Bildu el consejero de Empleo. 1.495 trabajadores están en activo, otros 1.5631 son postocupacionales en activos, mientras que 2.807 no están inactivos. Este volumen de trabajadores que supuestamente están controlados son un 20% de los que se calcula que han estado expuestos de una manera directa con el mineral cancerígeno. En la CAV 167 empresas manejan y manejaron amianto y se calcula que han fallecido 182 trabajadores, aunque ese dato está sin renovar. Porque solo el año pasado la asociación de familiares afectados por el amianto Asviamie registró 29 fallecidos más, y en enero de este año murió otro. Desde 2008, Asviamie registra 105 fallecidos por la falta de medidas de seguridad en las empresas.
Por otro lado, Aburto confirma en respuesta al PP que nunca se ha aplicado el protocolo suscrito entre el Gobierno de Gasteiz y la Seguridad Social para determinar de manera casi automática los afectados por el mineral cancerígeno. No ha servido porque, según Osalan, «ha existido un problema de interpretación de una cláusula del convenio respecto a la determinación de contingencia en los supuestos que conllevan prestaciones». Anuncia que debido a su trascendencia «se constituirá de inmediato el grupo técnico de trabajo para el despliegue del convenio».
J. B.