Esta frase típica de campaña es una de las que gustan decir los mandamases de una empresa, Indesa 2010 SL, que es uno de los mejores escaparates de la «política social» del PP. Como antes lo fue del PNV, dicho sea de paso.

Indesa es un Centro Especial de Empleo, lo que quiere decir que por definición tiene un objetivo social que es el de procurar una vía de inserción en el mercado laboral a personas que tienen dificultades para encontrar un empleo derivadas de tener algún grado de discapacidad física o psíquica. Ya sé que existen muchos centros especiales de empleo de iniciativa privada que el único fin social que han perseguido en su creación y recorrido es el de procurar mano de obra más barata y en peores condiciones que las que corresponden a su sector de actividad para mayor gloria monetaria de sus promotores. Pero es que estamos hablando de una empresa creada a iniciativa de la administración pública, que se ha financiado con dinero público, y cuyo consejo de administración lo conforman cargos políticos de la Diputación de Araba. Y eso debe obligarle a tener un plus de responsabilidad para con los objetivos sociales que recogen sus estatutos.

En lo bueno y en lo malo, el Indesa de hoy es resultado, en gran medida, de lo que el PNV ha hecho durante años. Pero hay algo en la prepotencia y el ADN de señoritos que tienen las gentes del PP hoy gobernante de las principales administraciones arabarras, que hace que sus decisiones resulten si cabe más hirientes. Marta Alaña y Jagoba Gómez, a la sazón diputada de Bienestar Social y Director de Promoción Social en la institución foral, son por sus cargos los actuales máximos responsables políticos de Indesa, como lo son de todos los servicios sociales, tanto los privatizados como los gestionados directamente, que dependen de la administración foral. Y en todos ellos muestran el mismo desdén y la misma falta de miras. ¿Que está desapareciendo toda la estructura de servicios en aplicación de la Ley de Dependencia? ¿Que se está desmantelando a pasos agigantados la ayuda a domicilio? ¿Que están subvencionando, vía ayudas vinculadas al servicio, muchas residencias privadas sin control público alguno? ¿Que la atomización y el caos hipotecan la actividad de decenas de entidades que trabajan en el ámbito de la intervención e integración social? La respuesta de Marta Alaña va a ser siempre la misma: actuamos en base a la demanda. No vamos a imponer nada a nadie. Los recursos son los que hay, no se pueden estirar más. ¿Y el salario anual de 86.000 euros es sólo por apuntar las cifras en los asientos contables? ¿No da para planificar, para hacer realmente algo que pueda llamarse política social? ¡Pues vaya chollo el suyo en estos tiempos de crisis!

Este 5 de marzo, Diputación celebra con pompa y boato la apertura de una nueva lavandería de Indesa. Han hecho de esta inauguración un acontecimiento político de primer orden, en el que las estrellas no van a ser otras que los príncipes de Asturias. Y lo hacen en un momento en que las relaciones con la parte social de la empresa están rotas, porque el equipo que dirige la empresa se niega a dar garantías de cumplimiento al convenio.

Indesa 2010 SL es una empresa pública de derecho privado, o lo que es lo mismo, una trampa para los trabajadores y trabajadoras que componen su plantilla, a quienes se aplican todas las restricciones de derechos de las sucesivas reformas laborales y de la negociación colectiva, pero también los decretos del Gobierno de Rajoy que restringen y recortan derechos de los trabajadores de la función pública. A la vez que dicen, para justificar el no pago de la extra o la congelación salarial, que la empresa es pública, aclaran que sus trabajadores no son funcionarios y por ello no pueden aspirar a tener las mismas condiciones laborales y salariales que los trabajadores de la administración pública. En resumen: o peor de lo público y lo peor de lo privado para los trabajadores que acceden al mundo laboral en situación de mayor desventaja. ¿Y en serio que para ustedes lo primero son las personas?