La carga de la prueba en la vista que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, celebrará el próximo día 20 sobre el caso de Inés del Río, corresponde al Estado español, que deberá intentar demostrar que la sentencia emitida por la Sala Tercera en julio y que ponía en cuestión la doctrina que permite alargar las condenas a los presos vascos es errónea. Así lo destacó ayer en Donostia Mark Muller, miembro del equipo jurídico encargado de la defensa de la presa tafallesa. Es decir, corresponde al Estado español demostrar que la sentencia de julio no es correcta, algo que, según este letrado con amplia experiencia en Estrasburgo, resulta bastante complicado.

Muller compareció ayer en un hotel de Donostia junto a Michael Ivers y Amaia Izko, que también integran el equipo jurídico de Del Río y subrayó que el caso no afecta únicamente al Estado español, sino que es importante para todos los miembros del Consejo de Europa, ya que tiene relación con la aplicación universal del derecho.

Junto a ello, avanzó que la tesis española defenderá que el alargamiento de la condena a los presos vascos afecta únicamente a las normas de redención de penas y no a la pena en sí misma, por lo que la decisión del Tribunal Supremo español de avalar la doctrina 197/2006 no entraría en contradicción con los artículos 7 y 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos, tal y como destacó Estrasburgo en julio. Asimismo, alegará que la decisión de Estrasburgo es una intromisión en la actuación judicial del Estado español.

Según Muller, este criterio no se sostiene porque en el caso de Del Río (y de otros presos vascos) se les aplicó la medida de manera retroactiva, cuando ya se les había notificado previamente que la redención de penas se haría a partir de un límite máximo de cumplimiento de 30 años. Por tanto, la posterior molificación del sistema de redención, aplicándolo a cada una de las condenas y no al máximo fijado, atentaría directamente contra la Convención Europea de Derechos Humanos.

Muller destacó que el de Del Río es un «caso sencillo» técnicamente y subrayó que «no se debe degradar el derecho o el cumplimiento de la ley porque es la clave de los derechos humanos y de los sistemas constitucionales», al tiempo que incidió en que la ley debe aplicarse de igual manera a todas las personas. «No es una cuestión política ni de contraterrorismo, sino de derechos humanos y de respeto de la ley, que debe aplicarse de igual manera a quienes son de nuestro agrado y a quienes no lo son», añadió.

En julio, el Tribunal de Estrasburgo decidió que la prolongación de condena aplicada a Del Río no era correcta. El Estado español decidió recurrir esta sentencia.