El Estado no va a dejar pasar ni una. Al menos eso cabe pensar a tenor de la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de iniciar el expediente para destituir al fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, que en una entrevista consideró «legítimo» aspirar a una consulta para decidir el futuro político de Catalunya.

En una entrevista a Europa Press publicada el domingo, Rodríguez Sol se limitó a declarar que «al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere; en general, a cualquier pueblo». De hecho, en la propia entrevista, el fiscal superior advertía de que actualmente «no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia», por lo que señalaba la necesidad de buscar otras alternativas: «Una es utilizar la ley de consultas con preguntas de otro estilo».

Eso sí, Rodríguez Sol trasladaba la necesidad conectar «un marco legal muy concreto» con la realidad social «de una parte importante de la población de Catalunya que cree que es mejor otro modelo». «Yo creo que al final los legisladores tienen que ser conscientes de que legislan para los ciudadanos y tienen que buscar el bien común de todos y ver si la unidad nos fortalece o puede llevar a hacernos más débiles», añadió.

Tras pasar el domingo sin pena ni gloria, la entrevista llegó al primer plano ayer, cuando «El Mundo» publicó en portada la entrevista con el título «El fiscal superior de Cataluña apoya la consulta soberanista». El titular, poco ajustado a las declaraciones del fiscal, fue rápidamente desmentido por el propio Rodríguez Sol, que hizo público un comunicado en el que negó «cualquier apoyo, directo o indirecto, a un proyecto secesionista» y en el que insistía en la idea de que «no es posible un referéndum sobre la independencia con el actual marco legal». «Los comentarios realizados a Europa Press parten del marco legal y comentan distintas posibilidades, que corresponderá desarrollar al poder legislativo», añadió.

Pero ya era tarde. A última hora de ayer, Torres-Dulce anunció la puesta en marcha del proceso para destituir al fiscal superior de Catalunya acogiéndose al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que «los Fiscales Jefes de los respectivos órganos y los Tenientes Fiscales (...) podrán ser removidos por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado, que deberá oír previamente al Consejo Fiscal y al interesado y, en su caso, al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma», que en este caso son la misma persona.

En una nota de prensa en la que se limitó a explicar que abría el expediente «tras las recientes declaraciones públicas efectuadas por el fiscal superior de Cataluña», la Fiscalía General del Estado señaló que «con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el citado artículo, en los próximos días se citará al fiscal interesado y se convocará un Consejo Fiscal para que tome conocimiento y emita su dictamen sobre dicho expediente».

Una larga lista

Teniendo en cuenta que las declaraciones de Rodríguez Sol eran poco más que un acto de sentido común y que el fiscal superior de Catalunya -expresidente de la conservadora Asociación de Fiscales- fue renovado en su cargo hace apenas ocho meses con 11 de los 12 votos del Consejo Fiscal, la fulminante reacción de Torres-Dulce puede resultar chocante, pero no deja de ser un episodio más de la lógica con la que el Estado responde a cualquier iniciativa que provenga de Catalunya, tenga directamente relación con el proceso soberanista o no.

Para encontrar el precedente más inmediato no hace falta más que retroceder al pasado viernes, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió impugnar la Declaración de Soberanía aprobada por el Parlament al Tribunal Constitucional, pese a ser una declaración política sin efectos jurídicos aprobada por casi dos tercios de los diputados catalanes.

Antes había ocurrido lo mismo con leyes aprobadas en Catalunya sin relación alguna con el proceso soberanista, como son el euro por receta -impulsado también por el PP en la Comunidad de Madrid-, las tasas judiciales catalanas -que se sumaban a las aprobadas por la Moncloa-, la norma de horarios comerciales -en Catalunya se niegan, de momento, a aceptar una liberalización absoluta de dichos horarios- y el impuesto a los depósitos bancarios, con el que la Generalitat pretendía gravar la actividad bancaria. Para impedirlo y poder recurrirlo, el Gobierno de Rajoy creó un impuesto similar pero a tipo cero, es decir, sin ninguna carga impositiva para las entidades financieras.