El presidente Rafael Correa fue reelecto en las presidenciales del pasado 17 de febrero en Ecuador, con un porcentaje de votos superior al de elecciones anteriores, evidenciando la fortaleza de su figura y la del proyecto político que representa. En esta ocasión, el mandatario ecuatoriano se impuso con casi un 57% de los sufragios, superando el listón del 52% de las presidenciales de 2009 y muy por encima de aquel 23% que logró en la primera vuelta de las elecciones de 2006, año en que cosechó la victoria que le llevaría al Poder Ejecutivo.

Pero el triunfo más importante lo ha obtenido en el plano legislativo, ya que su movimiento político PAÍS ha aumentado exponencialmente su representación parlamentaria (más de un 50%), pasando de una posición de mayoría simple (menos de 60 escaños) a una mayoría absoluta (alrededor de 90 diputados), con grandes posibilidades incluso de superar los 2/3 de representación, lo que le daría la llave para cambios constitucionales.

Balance. La victoria de Correa y de PAÍS supone la reafirmación de la nueva narrativa democrática que se hizo hegemónica en el país a principios del presente siglo y que se traduce en la ecuación política: Estado interventor postneoliberal, soberanía nacional de encaje latinoamericanista y plurinacionali- dad. Una nueva narrativa que sustituía a la neoliberal que había sido dominante durante las dos últimas décadas del siglo XX y que trajo como resultado un deterioro alarmante de las condiciones de vida de las clases populares y los estratos medios, un expolio sistemático de la riqueza social a través del perverso mecanismo de la deuda y una emigración brutal de más de medio millón de personas en menos de un lustro.

La derrota del candidato-banquero de la derecha Guillermo Lasso, con menos de un 23% de los votos, hay que entenderla, por tanto, como el fracaso del proyecto neoliberal y de su correlato de «democracia de mercado». La elección de un perfil como el de Lasso, representante directo de la banca, una de las instituciones más repudiadas desde los años del saqueo público, certifica la torpeza política de la burguesía criolla.

El otro gran derrotado es Lucio Gutiérrez, el camaleónico militar que llegó a ser presidente entre 2003 y 2005. Su espectacular retroceso del 28% de los sufragios en 2006 al actual 6,8% refleja el castigo infligido a un personaje identificado con la manipulación, el populismo y sobre todo la mentira. No hay que olvidar que las presidenciales de 2003 las ganó con un discurso antineoliberal acorde a la nueva narrativa democrática citada y que dos años después fue derrocado por su incumplimiento tras una rebelión popular.

Los malos resultados obtenidos por Alberto Acosta (un escaso 3%), candidato de los sectores de la izquierda ecuatoriana críticos con el Gobierno y antiguos aliados de este, evidencian las limitaciones, en términos de condiciones subjetivas, de un proyecto más radical a corto plazo. El discurso ecologista y antiextractivista de la Unidad Plurinacional tiene un recorrido limitado en un contexto marcado por un reformismo gubernamental exitoso y por la personalidad carismática y seductora del actual presidente entre los sectores populares.

Retos. La reelección plantea una serie de retos de gran envergadura para el actual Ejecutivo. A corto plazo, la aprobación de una serie de leyes que hasta ahora habían sido bloqueadas en la Asamblea Nacional se torna prioritaria.

La postergada Ley de Aguas, que ha generado conflictos con parte del movimiento indígena debido a las consecuencias indeseadas que podría provocar según este (reprivatización en zonas agrícolas), tendrá un peso importante, por su trascendencia en el marco de la necesaria reforma agraria.

La otra ley clave será la de comunicación, herramienta para comenzar a enfrentar al actual latifundio mediático. La propuesta de repartir las licencias equitativamente entre el sector estatal, público y comunitario, supondrá un avance para la democratización comunicacional, siguiendo la línea que están aplicando en otros países de la región.

A medio plazo, la profundización en la agenda social (mejora de la calidad educativa y sanitaria) parece que irá de la mano con la promesa de continuar redefiniendo el sistema fiscal desde una perspectiva impositiva más progresiva. Otro reto de gran trascendencia será una apuesta más clara por integrarse en el MERCOSUR, frente a una Comunidad Andina de Naciones (CAN) cada vez más irrelevante en el nuevo tablero regional.

A todo esto habría que añadir la necesidad de una recomposición de los lazos con el sector de la izquierda que está en la oposición. Esto ayudaría a darle más centralidad al papel del movimiento popular, a veces obviado por el Gobierno y a poner más en cuestión la tendencia instaurada en la Administración pública de privilegiar perfiles tecnocráticos, que en algunos casos no se complementan con el perfil ideológico requerido.

En un terreno más intemporal se sitúan algunos desafíos de gran calado y de difícil materialización como son la transformación de la matriz productiva, la construcción del Estado Plurinacional y la promesa del «Sumak Kawsay» o «Buen Vivir». La propuesta del Gobierno ecuatoriano de instaurar un nuevo modelo sustentado en la «economía del conocimiento» que sustituya progresivamente al actual modelo «primario-extractivista-exportador» es seductora en términos programáticos pero sumamente complicada a la hora de su aplicación, mucho más en un país del Sur global. De hecho, la actual apuesta por incrementar la inversión en minería es un indicador demoledor de la «realpolitik» y de la dependencia histórica por el extractivismo y por explotar las ventajas comparativas del país, para continuar así con la agenda de gasto social creciente.

En la misma línea, las apelaciones al «Buen Vivir» como expresión de un nuevo modelo civilizatorio postdesarrollista y armónico con la naturaleza, tienen hoy día más un carácter de artefacto discursivo que de horizonte de emancipación factible. Esto no excluye, sin embargo, su incalculable aporte en el debate revolucionario internacional.