El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que las medidas para reformar las leyes españolas para regular desahucios «van en la buena dirección», aunque pide que se concentren en aquellos casos más necesitados.

En su segundo informe sobre la reforma financiera española, el Fondo añade que «será importante asegurarse de que las medidas están bien enfocadas para ayudar a los más necesitados» de forma que se les dé la oportunidad de «empezar de nuevo» tras un periodo «razonable» de tiempo.

El FMI pide que una persona física pueda declararse en bancarrota y tener derecho a «un nuevo comienzo» al optar por un proceso de suspensión de pagos, algo que permitiría reducir la economía sumergida.

Estos procesos de insolvencia existen en países como Estados Unidos, donde un juez decide cómo liquidar determinados activos para pagar a los acreedores privados, lo que permite quedar libre de deudas tras un periodo de tiempo y comenzar de cero.

Empresa o persona física

El FMI recuerda que en el Estado español el régimen de insolvencia trata de la misma manera a una empresa y a una persona física y no permite a un individuo «descargarse» de sus deudas, por lo que no existen incentivos para optar a un proceso de insolvencia legal.

«Personas físicas que son insolventes y no tienen una esperanza razonable de pagar sus deudas tienen muy pocos incentivos para generar un ingreso en el sector formal, ya que permite a los acreedores reclamar esos ingresos», añade la entidad multilateral.

Esta situación promueve la economía sumergida y la salida de la fuerza laboral, lo que afecta «al crecimiento y al equilibrio fiscal». El FMI recomienda «más estudio para reforzar el marco y hacer frente de manera eficiente a la insolvencia personal, mientras se mantiene una fuerte disciplina crediticia».