El Área de Participación Ciudadana ha remitido una comunicación interna a los responsables de los centros de distrito de Bilbo en la que les informa de los pasos a dar en caso de que entidades privadas o que persigan «algún interés particular» quieran hacer uso de esas instalaciones municipales. Hasta ahora esas solicitudes eran desestimadas pero un cambio en la normativa lo permite ya.

La modificación, denuncia Bildu, se efectuó «de tapadillo» en setiembre cuando se abordó el debate sobre impuestos municipales y tasas. Entonces, se incluyó en la ordenanza fiscal un apartado referido a las tasas por utilización privativa y aprovechamiento del dominio público aunque, según desvelan desde la coalición soberanista, se ocultó al no presentarse en el resumen de cambios que el Gobierno de Iñaki Azkuna entregó a los grupos políticos antes de su aprobación.

Otro ejemplo del «oscurantismo» con el que se llevó el tema es que no hubo referencia al asunto ni en la comisión dictaminadora previa al pleno del 22 de agosto ni en la nota informativa emitida por el Ayuntamiento ese mismo día. La ordenanza fue aprobada por el PNV mientras PP y Bildu votaban en contra, y el PSE se abstuvo.

A partir de ahora, a la iniciativa privada por el uso de espacios con aforo superior a 100 personas en los centros cívicos se le cobrará 380 euros, incrementándose en 50 euros más por hora en caso de ser sábado a la tarde o festivo. En salones de inferior capacidad, la tarifa base es de 150, al margen de los 50 euros por hora en caso de sábado a la tarde o festivo. También se apunta la posibilidad de «derivar» los eventos del fin de semana a Otxarkoaga, ya que dispone de consejería.

Para Bildu, lo que ha hecho el PNV es abrir la puerta «a la privatización del uso de los centros municipales». Se preguntan por qué los jeltzales no han impulsado un debate más amplio y, por ejemplo, «se estudia la posibilidad de extensión a otros usos más sociales como funerales civiles -no hay un espacio para este tipo de actos en Bilbo- y otro tipo de actos civiles bajo contraprestación de una tasa».

Además, se preguntan -y así le preguntarán a la concejal delegada, la jeltzale Jone Unzueta- si el Consistorio dispone de algún estudio sobre la utilización y el grado de ocupación de estas instalaciones públicas repartidas por la villa. También les interesaba saber qué criterios se van a seguir para conceder los permisos; a quién se le va a dar prioridad, a las empresas privadas o a organismos sociales