El Gobierno francés aprobó ayer un proyecto de ley que flexibilizará su mercado laboral para que las empresas puedan «adaptarse más rápido a altibajos en su actividad a cambio de una serie de garantías a los trabajadores», resultado de un acuerdo entre la patronal y una parte de los grandes sindicatos, en concreto cuenta con el apoyo de CFDT, CFCT y CGC.

El texto adoptado por el Consejo de Ministros, que iniciará con carácter urgente su tramitación parlamentaria a comienzos de abril con vistas a una entrada en vigor en mayo, se enfrenta a la oposición de dos de las cinco grandes centrales estatales (CGT y Fuerza Obrera), que el martes movilizaron a varias decenas de miles de personas.

Las centrales opositoras denuncian que la nueva ley es un dispositivo «desequilibrado» que «debilita» a los asalariados, el valor de los contratos laborales y de los convenios colectivos.

Y es que, uno de los principales elementos de la reforma son los «acuerdos de mantenimiento del empleo», a los que las empresas podrán recurrir cuando se den «graves dificultades coyunturales» y les permitirán negociar a la baja el tiempo de trabajo y los salarios.

Esos acuerdos, que tendrán una duración máxima de dos años, tendrán que ser validados por la mayoría de los representantes sindicales de las compañías concernidas. Los trabajadores que los rechacen se expondrán a un despido por «motivos económicos». También podrán ser despedidos en las mismas condiciones los que no acepten la movilidad interna que se haya negociado para evitar un plan de reestructuración.

«Evitar planes sociales»

Ante las reticencias de algunos sindicatos y del ala izquierdista del Partido Socialista (PS), el primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, trató de defender la nueva legislación insistiendo en que la flexibilidad que introduce es para que las empresas puedan «anticipar» cuando atraviesan un momento de debilidad y evitar así que «la única solución sean los planes sociales y los despidos».

En este sentido, apuntó que, a cambio de flexibilidad, se ofrece una serie de «garantías» a los trabajadores. Estas serían que, aunque los empresarios verán reducidos los procedimientos y los plazos para llevar a acabo despidos, serán penalizados si recurren a contratos temporales de menos de tres meses.

El Gobierno de Hollande pretende así terminar con una tasa de paro que a cierre de 2012 alcanzaba el 10%.