Jonan Fernández explicó ayer que «el objetivo y línea a seguir» de la futura Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua será que «a igual vulneración de derechos humanos, mismo amparo».

Fernández compareció ante el Parlamento de Gasteiz -acompañado de Mónica Hernando, directora de derechos humanos, y de Txema Urkijo, coordinador de víctimas- para presentar un completo plan de trabajo de la Secretaría. Su redacción demuestra que lleva mucho tiempo ocupándose de la materia. Como línea trasversal figura «poner luz» sobre cada conculcación de derechos humanos, buscando para cada una de ellas «verdad, justicia y reparación». Sin excluir ninguna vulneración ni entrar en equiparaciones. Otro de los ejes es ajustarse a los «estándares internacionales» en situaciones de «post-violencia», para su aplicación en nuestra realidad local.

Micro-acuerdos de encuentro

En este ámbito, hasta poner un nombre a las cosas es motivo de controversia. Jonan Fernández explicó que, a la hora de buscar una denominación para el plan, lo más usual hubiera sido tomar el concepto de «reconciliación». Pero como genera problemas, finalmente ha optado por el de «encuentro». Se llamará «Plan de paz y convivencia 2013-16, un proyecto de encuentro social».

La iniciativa se fundamenta en la «dignidad humana». La fórmula de trabajo será la búsqueda de consensos lo más amplios posibles. Pero Jonan Fernández explicó que, cuando el acuerdo no sea factible y haya que tomar decisiones, se tomarán de acuerdo a los estándares internacionales y las directrices de la ONU.

El plan se basa en la búsqueda de micro-acuerdos entre los partidos o entre agentes sociales, que tengan un carácter acumulativo. Puso como ejemplo de micro-acuerdo la solución alcanzada en el Parlamento en torno al acto de recuerdo a Fernando Buesa y Jorge Díez.

En este punto, el portavoz del PP, Carmelo Barrio, aseguró que su partido no piensa llegar «ni a micro-acuerdos ni a nano-acuerdos» con EH Bildu mientras no condene a ETA, una posición que también mantiene UPyD. Fernández mostró su convicción de que antes de que finalice la legislatura llegarán incluso a «acuerdos».

Mapa de todas las vulneraciones

Como una de las primeras actuaciones de su plan, Jonan Fernández anunció la elaboración antes de julio de un informe independiente de constatación de todas las vulneraciones de derechos humanos que se han producido en «nuestro país en los últimos 50 años». Su redacción se encargará a un grupo de personas independientes, de sensibilidades diversas y con prestigio y conocimiento en esta materia.

Según explicó, no se trata de hacer un listado de casos, sino un «documento breve y descriptivo» con el que se puede «delimitar y dimensionar un mapa de las vulneraciones de derechos humanos y del sufrimiento». No será algo abierto a interpretaciones, sino «un informe de constatación de datos objetivables y, en su caso, de observaciones y recomendaciones finales».

Trabajos de memoria

La Secretaría de Paz y Convivencia dará continuidad al trabajo de creación del Instituto de la Memoria, al desarrollo de líneas de reconocimiento a las víctimas y al Memorial. Sin embargo, en este último caso el Gobierno de Lakua observa algunos problemas con el Ejecutivo de Madrid, mientras que apuesta por dar «un dimensionamiento cabal y sostenible» al proyecto, y por la «inserción de sus contenidos en principios universalizables para una política pública de la memoria»

Jonan Fernández señaló que otro de los programas del plan será la «extensión del reconocimiento y reparación a todas las víctimas de vulneración de derechos humanos». Esto supondrá corregir el decreto redactado en la pasada legislatura por el Gobierno de Patxi López, en el que han observado algunos «problemas técnicos».

Al mismo tiempo, se comprometió a «crear las herramientas necesarias para completar el reconocimiento a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos».

Política penitenciaria

La Secretaría apuesta por mantener un diálogo fluido con el Gobierno español para buscar soluciones conjuntas a las cuestiones relacionadas con la paz y la convivencia, entre las que «tiene especial relevancia la política penitenciaria».

Como destacó en su día el lehendakari, Lakua reclama la transferencia de la competencia de prisiones y también se ofrece a promover acuerdos para adaptar la política penitenciaria «al nuevo contexto social».

En esta materia, quedó claro que Jonan Fernández hablaba formal y oficialmente en nombre del Gobierno de Urkullu y hacía dos propuestas. Por un lado, el Ejecutivo «considera que deben explorarse todas las posibilidades que ofrece la ley en materia de reinserción, haciendo efectivas las medidas correspondientes de beneficio penitenciario en cada caso y haciendo posible la continuidad de procesos como los talleres de convivencia y los encuentros restaurativos».

Por otra parte, afirmó que «este Gobierno propone la adopción, a corto plazo, de dos tipos de medidas. Tienen que ver con la búsqueda de soluciones humanitarias para los presos enfermos y con la búsqueda de medidas de sentido común para aquellos presos cuyas condenas están más relacionados con actividades políticas, antes ilegalizadas, pero ahora desarrolladas ya de un modo normalizado y legal».

En toda su alocución, Fernández mantuvo un tono acorde con la misión que tiene encomendada y tuvo palabras constructivas incluso con los parlamentarios de PP y UPyD, que criticaron su nombramiento e incluso su biografía.

Para concluir, recordó que el pasado 12 de setiembre se aprobó una directiva del Parlamento Europeo, que será de obligado cumplimiento en el plazo de tres años, que contempla que todas las víctimas tienen los mismos derechos y que cada una de ellas debe ser identificada de forma individual y no como miembro de un colectivo. A su entender, puede tratarse de otra «referencia externa» muy útil.

Manos tendidas y críticas

En las exposiciones de los diferentes grupos quedó claro que el consenso y el acuerdo en materia de paz y convivencia no va a ser fácil, como tampoco lo será el trabajo del propio Jonan Fernández con algunos partidos.

UPyD aclaró que no tiene «ninguna confianza» en el equipo ni en el propio Fernández, del que dijo que «simboliza la negociación con ETA y la teoría del conflicto». Tampoco le gusta su perfil al PP.

El PSE apareció dispuesto a la colaboración, pero partiendo de que el primer paso es que ETA se disuelva y que cada cual reconozca su pasado, «porque no todos hemos hecho lo mismo».

Desde EH Bildu, Julen Arzuaga tendió la mano a Jonan Fernández para el trabajo en común en defensa de todos los derechos humanos para todas las personas. Le recordó que en estos momentos se siguen vulnerando esos derechos. Criticó que como respuesta a la presión recibida desde las asociaciones de víctimas, algunas declaraciones se hayan escorado hacia ellas. Y le pidió que el Gobierno de Lakua asuma también las conculcaciones de derechos de las que son responsables.

El PNV mostró todo su apoyo al plan de la Secretaría.