José Antonio Diéguez García, de 50 años, se tiró desde el balcón del cuarto piso de la calle Txakoli en el barrio bilbaino de Ibarrekolanda cuando la comisión judicial llamó a su puerta. Iba a ser desahuciado porque no pagaba el alquiler de la vivienda desde hacía varios meses, según dijeron algunos vecinos, quienes recordaron que era «un hombre sencillo y que no hablaba mucho». Por la tarde se celebró una movilización en su recuerdo en Ibarrekolanda.

Por su parte, ELA, LAB, CCOO y UGT de la Administración autonómica se adhirieron a la convocatoria de concentración realizada por los compañeros del fallecido, que trabajaba para una subcontrata del servicio de mantenimiento de Lakua. Serán de 15 minutos a las 11:00 en los centros del Ejecutivo de Gasteiz, aunque en Gran Vía 85 en Bilbo será a las 11:00.

Desde el balcón

Tomasa, su vecina, explicó a ETB que la comisión ejecutora del desahucio llegó y tocó la puerta de la vivienda de José Antonio Diéguez, divorciado y padre de una hija. «No contestó», añadió. Por lo que intentaron abrir la puerta con «una tarjeta», pero tampoco acertaron. Entonces, el cerrajero que les acompañaba taladró el bombín de la cerradura. «No vieron nada, pero cuando llegaron al balcón observaron la silla que utilizó para subirse y lanzarse al vacío», dijo.

Otro vecino confirmó a GARA que oyó desde su casa «un fuerte golpe». Se asomó y vio a quien no pudo pagar varios meses el alquiler. «Vinieron los médicos y, cuando me acerqué, todavía respiraba, pero no le pudieron reanimar». En poco tiempo desapareció todo rastro de la escena del nuevo drama humano. Limpiaron la calle y «aquí parece que no ha pasado nada», se quejaba otro vecino.

La situación es «crítica», confirmó el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbo, Karlos Ruiz, que desde hace tres semanas presta asesoramiento con un abogado para quienes tienen la amenaza de un desahucio. «Aunque tenemos abierto este servicio solo dos horas los martes en la calle Ronda, hemos atendido entre tres y cuatro demandantes de ayuda cada día. Vemos que es dramático», precisó a GARA.

Según dijo, quienes se han acercado a recibir asesoramiento de la Federación, «tienen entre 32 y 63 años, de todas las edades» y adelantó que les causa sorpresa que algunos problemas se deben a «viviendas municipales y por deudas que van desde 300 a 1.000 euros».

No es de extrañar, porque esta federación de vecinos recordó que en los primeros meses del año pasado -todavía no están los datos cerrados de todo el año 2012- «se solicitaron 621 lanzamientos, de los que se admitieron 454 solo para Bilbo».

Por su parte, Txema Azkuenaga, portavoz de Bildu del Ayuntamiento de Bilbo, propuso a los grupos municipales una declaración institucional contra los desahucios. Tras mostrar sus condolencias con la familia, subrayó que «el problema de los desahucios es global y social, y requiere de medidas y de compromisos serios para garantizar el derecho a la vivienda». En la declaración se pide que el Ayuntamiento «exija la suspensión de los desahucios» y pide crear una comisión municipal que busque alternativas a las familias afectadas. En este caso, el portavoz del PSE en el Consistorio de Bilbo, Alfonso Gil, reclamó que se aplique «sin pérdida de tiempo» una «moratoria real» en los desahucios de, al menos, tres años.

Parar las ejecuciones

Sortu denunció ayer que «mientras Mario Fernández, presidente de Kutxabank, habla de que las medidas contra los desahucios no pueden ser una invitación a no pagar las hipotecas, suceden casos tan terribles como el de ayer».

A su juicio, este drama «tiene su origen en políticas salvajes dirigidas a beneficiar a la banca y al interés del capital» y añade que «acabar con esta lacra es posible, si se quiere. Es tan sencillo como hacer políticas para las personas, y no para la bolsa o el bolsillo de unos pocos». Por lo que exige «desactivar todas las órdenes de desahucios pendientes». En ese mismo sentido, ELA pidió que se suspendan las ejecuciones hipotecarias.

Entretanto, BBV anunciaba ayer que destinará 32 millones para ayudar con 400 euros mensuales durante dos años a ayudar a sus clientes que no puedan pagar y que pierdan su única vivienda por una decisión judicial.