Se trata del primer sociómetro del año elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno de Lakua y también del primero en el que se recoge la valoración del Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu. La recogida de información se realizó entre el 31 de enero y el 7 de febrero, y fueron consultadas 2.201 personas, distribuidas así: 490 en Araba, 1.114 en Bizkaia y 597 en Gipuzkoa.

En esta ocasión, el cuestionario incluyó un apartado dedicado a «Consolidación de la paz y la convivencia». En primer lugar se preguntó sobre los «agentes que deberían intervenir en el proceso». Respondieron con un «sí» a cada una de las respuestas posibles los correspondientes porcentajes: «Presos de ETA», un 49%; «ETA», un 58%; «Mediadores internacionales», un 59%; «Víctimas de atentados de ETA», un 59%; «Gobierno español», un 78%; «Todos los partidos políticos vascos», un 83%; y «Gobierno vasco», un 92%.

En cuanto a «los posibles hechos favorecedores de la paz y la convivencia», la opinión se refleja valorando de 1 a 10 la importancia que se otorga a los siguientes hechos: «Reinserción de los presos de ETA» recibe una media de 6,1, la misma que «Transferencia de la política penitenciaria al País Vasco», y casi igual que «Acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco», con un 6,2; «Petición de perdón de ETA a las víctimas», un 6,9; «Reconocimiento del derecho a decidir del Pueblo Vasco», un 7,1; «Un proceso de diálogo liderado por el Gobierno vasco con todas las fuerzas políticas y sociales», un 7,4; «Reconocimiento de todas las víctimas», un 7,5; y «Disolución y entrega de las armas por parte de ETA», un 8,0. Resulta evidente que el Ejecutivo jeltzale quiso inclinar la balanza hacia sus propias posiciones cuando se presenta como el sujeto único capaz de «liderar» un diálogo sin exclusiones.

Sobre recortes

Precisamente, la labor del Gobierno de Iñigo Urkullu -investido lehendakari el 13 de diciembre- también es valorada por quienes contestaron a la encuesta. Como recogió Europa Press, el Ejecutivo recibe un aprobado (5 puntos sobre 10).

Al ser requeridos para que opinen sobre posibles recortes presupuestarios, un 79% de los encuestados considera que no debería reducirse, «bajo ningún concepto», el gasto en sanidad; un 66% rechaza recortes en educación; y un 32% cree que no deberían reducirse las ayudas sociales a jóvenes, familias o personas en riesgo de exclusión. Un 63% está a favor de reducir el número de altos cargos, sueldos y gastos de representación.