No es nada nuevo escribir sobre el Sahara Occidental. De ninguna manera. Todos conocemos, en mayor o menor grado, la existencia de una situación de ocupación de dicho territorio por el régimen marroquí. En ese contexto de colonización, las escalofriantes condenas impuesta a los saharauis acusados de participar en los incidentes tras el asalto al campamento de Gdeim Izik tampoco son nada nuevo. Ponen de manifiesto, una vez más, la verdadera cara del régimen alauita. Su verdadero rostro, el de la sangre, la usurpación, la tortura.

Gdeim Izik fue la respuesta popular a la burla histórica en la que se ha sumido al Pueblo saharaui, un pueblo al que la ONU reconoció un derecho de autodeterminación que nunca termina de llegar por el continuo juego sucio del Estado marroquí y la permisividad internacional.

Si bien tras el alto al fuego decretado en 1991 se han producido varios levantamientos populares (intifadas de 1999, 2005...), Gdeim Izik fue la mayor expresión colectiva de hartazgo, de desobediencia, de digna intransigencia frente a tanta ignominia. El campamento que comenzó a montarse de forma espontánea el 10 de octubre de 2010 en las afueras de El Aaiún llegó a reunir a más de 20.000 saharauis que, de esta forma, expresaban su negativa a aceptar una ocupación que les niega como pueblo y les relega a ser ciudadanos de segunda frente a los colonos marroquíes llegados expresamente para colonizar, también demográficamente, su territorio. Aquel campamento supuso un hito en la resistencia a la ocupación. Dos afirmaciones reflejan bien su significado.

La primera, en boca de muchos de los participantes, al indicar que en Gdeim Izik, campamento organizado y gestionado colectivamente por los saharauis, se respiraba libertad, en contraposición al Estado policial, a la cárcel a cielo abierto que supone El Aaiún y demás ciudades del Sahara ocupado.

La segunda afirmación es de Noam Chomsky, que calificó a Gdeim Izik como la primera manifestación de lo que se ha denominado «Primavera árabe», si bien oportunamente desdibujada y relegada a un segundo plano por los grupos mediáticos al servicio del sistema para no cuestionar la ocupación marroquí.

La madrugada del 8 de noviembre de 2012 el campamento fue asaltado por las fuerzas represoras marroquíes (puede observarse el asalto en varios vídeos disponibles en internet). Fruto de dicha intervención, varios saharauis resultaron muertos así como algunos miembros de las fuerzas represivas. La oleada de allanamientos y detenciones posterior al asalto duró semanas, durante las cuales centenares de personas fueron detenidas y muchas de ellas torturadas. Algunos saharauis que estaban siendo buscados lograron esconderse o escapar al exterior, pero otros muchos fueron encarcelados. De ellos, 28 fueron juzgados a primeros de febrero tras permanecer más de dos años en unas durísimas condiciones de reclusión en la prisión de Salé, cercana a Rabat, a 1.100 km de El Aaiún. El 16 de febrero se hizo pública la sentencia en la que se condena a 9 de ellos a cadena perpetua, a 4 a 30 años de cárcel, a 7 a 25 años, a 3 a 20 años y a otros 2 a una pena computable por el tiempo pasado en prisión.

Estas condenas ejemplarizantes reflejan la naturaleza del régimen alauita, pero no por conocida esta dejan de ser tremendamente indignantes. Tan indignante como la postura de los estados cómplices del régimen marroquí, colaboradores necesarios para que la afrenta histórica de la ocupación del Sahara así como el podrido andamiaje de la monarquía alauí se mantengan hoy en día. Los acuerdos comerciales (muchos de ellos, como los relacionados con la pesca o los fosfatos, basados en el robo de los recursos saharauis) y la venta de armas al régimen marroquí (llevada a cabo también por los sucesivos gobiernos españoles saltándose sus propias leyes) son una pesada losa bajo la cual se desangran los derechos humanos y los derechos de los pueblos.

Los abanderados de la democracia y las leyes, los Estados Unidos, la Unión Europea y los más directos responsables, los estados español y francés, son el verdadero sostén del verdugo. Como ejemplo clarificador de las piruetas de estos educados «demócratas» se pueden comparar las declaraciones de Felipe González cuando visitó Tinduff en 1976 (facilmente localizables en internet) y la postura mantenida por los diferentes gobiernos españoles.

La pregunta que debemos hacernos es «y frente a esto ¿qué?, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros?».

La solidaridad con el Pueblo saharaui está muy enraizada en muchos pueblos del mundo, entre ellos el vasco. Se han llevado a cabo desde hace décadas multitud de acciones en solidaridad con dicho pueblo. Recibir niños, enviar materiales y alimentos a los campamentos de refugiados, organizar caravanas como la que hace unos días partió de Euskal Herria hacia Tinduff... Iniciativas llevadas a cabo desde la solidaridad y la buena voluntad, sin duda, pero que deben llevar también a una reflexión, por lo demás, extrapolable a otras muchas situaciones, a otros muchos pueblos.

La opresión del pueblo saharaui tiene unos responsables, y el ser solidario con dicho pueblo exige en primer lugar denunciarlos. El pueblo saharaui tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que sobrevivir en medio del desierto, despojado de las tierras más fértiles y de sus recursos naturales. Es cierto. Pero limitarnos a dichas dinámicas no supone más que prolongar la agonía. No deja de ser una paradoja lo que los propios saharauis nos contaban a la brigada internacionalista que estuvo el verano pasado en El Aaiún acerca de que parte de la pesca robada de los caladeros saharauis en base a acuerdos entre el Estado marroquí y el Estado español llega luego enlatada a los campamentos de refugiados como ayuda humanitaria. Eso sí, enriqueciendo en su proceso de obtención y manufactura a empresas y élites políticas con pocos o ningún escrúpulo.

El envío de productos y materiales puede tranquilizar la conciencia de muchas personas pero no contribuyen en modo alguno a cambiar la situación. No es algo casual que el propio sistema promocione y financie incluso algunas de esas iniciativas a la vez que silencia cualquier manifestación de solidaridad internacionalista que cuestione el orden establecido, el sistema capitalista y toda su estructura derivada, responsables en último término de la explotación de los pueblos, aquí y allá. Cuando en un sistema tremendamente injusto la solidaridad se puede ejercer cómodamente debemos preguntarnos si realmente sirve para algo. Porque ese suele ser el límite de tolerancia.

La libertad de expresión, de asociación, de acción existe hasta que pueda tener consecuencias. En ese momento se terminó el discurso de la democracia. Los ejemplos históricos son innumerables, también en las «democracias» europeas.

«Mejor hacer algo que no hacer nada» será la respuesta de algunos ante tales planteamientos «maximalistas» y «alejados de la realidad», pero no deja de ser una contradicción flagrante estar intentando apoyar al pueblo saharaui a la vez que aceptamos con toda normalidad ciertas situaciones, como que el Estado marroquí sea considerado un estado más con el que se puede tener relaciones comerciales, que productos marroquíes se vendan (y se consuman) en Euskal Herria (algunos de ellos de origen saharaui, aunque sean envasados en empresas situadas fuera del Sahara para evitar posibles denuncias) o que Marruecos sea uno de los destinos turísticos habituales de muchos vascos.

Sin una actitud de verdadera presión hacia el régimen marroquí y hacia las instituciones, empresas y entidades que desde aquí posibilitan la ocupación del Sahara, sin una postura de denuncia activa, podremos estar muchos años intentando ejercer solidaridad políticamente correcta, sin riesgos y subvencionada, pero el pueblo saharaui seguirá condenado a cadena perpetua.