Las autoridades saudíes ejecutaron ayer públicamente a los siete jóvenes condenados a muerte en 2009 por robo, haciendo caso omiso de todos los llamamientos para que la sentencia no se cumpliera. Según Amnistía Internacional (AI), al menos dos de los jóvenes eran menores de edad en el momento de cometer el delito, en 2005.

Las ejecuciones, previstas inicialmente el 5 de marzo, fueron aplazadas una semana por el príncipe Faisal bin Khaled, gobernador de la provincia de Asir, supuestamente para la revisión del caso.

Los amigos y familiares de los siete condenados -que tenían entre 16 y 20 años cuando fueron detenidos- aseguraron hace una semana que les había obligado a confesar delitos que no habían cometido. Organizaciones como AI y Human Rights Watch (HRW) también mostraron su convencimiento de que los jóvenes habían sido torturados y de que el juicio había estado plagado de irregularidades.

Arabia Saudí aplica la pena de muerte a delitos como el robo a mano armada, la violación, la muerte, la apostasía y el tráfico de drogas, entre otros.

Faltan verdugos

Tres días antes, un comité compuesto por representantes de los ministerios de Interior, Justicia y Sanidad se reunió para valorar la posibilidad de sustituir las decapitaciones por fusilamientos debido a la falta de verdugos. El comité argumentó que la decisión, de ser adoptada, no violaría la «sharia» (ley islámica) y podría empezar a aplicarse cuando sea necesario, según el diario «Al Youm». «Esta solución parece práctica, especialmente a la luz de la falta de verdugos oficiales o su tardía llegada al lugar de la ejecución. El objetivo es evitar la interrupción de los acuerdos de seguridad», explicó.