El Parlament catalán aprobó ayer la propuesta a favor del derecho a decidir del PSC con un respaldo abrumador de 104 votos frente a 27 contrarios, un respaldo al que se pueden sumar las tres abstenciones de las CU, que votaron a favor de la declaración que proclamaba al pueblo catalán como «sujeto político y jurídico soberano» y reclamaba la celebración de una consulta. El PSC se ha visto forzado a alinearse con los defensores de ese derecho principalmente porque es un mandato de la sociedad catalana, y su posicionamiento es importante porque deja las posturas contrarias al mismo en su dimensión real, un escaso 20%. Sin embargo -y presumiblemente la reticencia que ayer expresó la abstención de las CUP tiene que ver con ello- la decisión del Parlament de instar al Govern a negociar con el Estado no debería suponer un impedimento para el referéndum que reclamó el pasado enero. Es decir, esa petición de negociación no debería desembocar en un callejón sin salida como sería dejar en manos del PP -y del PSOE-la llave de un referéndum dependiente de la legalidad española. Una legalidad que, en lugar de encauzar y facilitar la voluntad popular, tiene la función de limitarla.