El Gobierno tecnócrata de Bulgaria, que asumió sus funciones ayer, deberá gestionar en dos meses una grave crisis de confianza de la población, que también plantea graves riesgos para la economía del país, el más pobre de la Unión Europea.

«Si las protestas continúan y se mantiene la estabilidad política, los inversores existentes serán perseguidos y aquellos que buscan invertir serán disuadidos» de hacerlo, declaró a AFP el analista Kaloyan Staykov, del Instituto para a Economía de Mercado.

Sofía y varias capitales de provincia son escenario desde hace más de un mes de manifestaciones diarias, que comenzaron denunciado el aumento del precio de la electricidad y han derivado en protestas contra la pobreza y «las élites política corruptas».

Encabezado por el exembajador búlgaro en el Estado francés, Marin Raykov, el nuevo Gobierno deberá organizar las elecciones anticipadas previstas para e 12 de mayo, que auguró «democráticas y transparentes».

Raykov se comprometió ayer a buscar más recursos para satisfacer las necesidades de las personas más vulnerables y a controlar los precios de la electricidad.