El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría tumbar hoy la Ley Hipotecaria española, que regula los procesos de desahucio. Los magistrados tendrán que decidir hoy si la normativa es compatible con las reglas europeas de protección de los consumidores. Una decisión que podría marcar un punto de inflexión en la dinámica contra las ejecuciones hipotecarias que se desarrolla en el Estado español. Por el momento, PP y PSOE esperan al fallo antes de tramitar tanto el proyecto de Ley en el que se reconvirtió el decreto de noviembre como la ILP de la PAH, que pasó el trámite parlamentario en febrero después de que la presión social obligase al partido de Mariano Rajoy a reconsiderar su veto.

Sobre la posición europea, por el momento solo se conocen las conclusiones de Juliane Kokkot, abogada general de la corte europea, quien consideró en noviembre que la normativa del Estado español que regula los desahucios vulnera los derechos de los consumidores. Su opinión no es vinculante, aunque habitualmente suele avanzar el sentido del fallo. En sus conclusiones, Kokott estimó que la regulación procesal española no protege al consumidor contra posibles cláusulas abusivas en el contrato hipotecario, al permitir la pérdida de la propiedad y el desalojo antes de que éste pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios.

La resolución europea viene motivada por una consulta efectuada por el magistrado José María Seijo, titular del juzgado número 3 de lo mercantil de Barcelona, quien la planteó tras recibir una demanda contra Catalunya Caixa a causa de un desahucio en 2011. El togado participó ayer en una jornada sobre ejecuciones hipotecarias en el Congreso organizadas por el PSOE e insistió en su tesis de que la ley hipotecaria es «inconstitucional».

Parálisis en el Congreso

Pese a que PP y PSOE aseguraron en febrero que la nueva norma antidesahucios estaría en marzo, lo cierto es su tramitación sigue paralizada a la espera de la sentencia. Lo que está claro es que la derecha española no aceptará los mínimos planteados por la PAH (dación en pago retroactiva, paralización de las ejecuciones hipotecarias y parque de alquiler social). Ayer, el presidente español, Mariano Rajoy, volvió a reiterarlo.

«La dación en pago podría dañar sin remedio las garantías hipotecarias y el acceso futuro de todas las familias a los préstamos hipotecarios», afirmó, poniendo por delante de las víctimas la «seguridad jurídica».