A una semana justa de la decisiva sesión de la Gran Sala del Tribunal Europeo sobre la doctrina 197/2006, en Bilbo aterrizó ayer uno de sus máximos adalides, Javier Gómez Bermúdez, que fue el primer juez central de Vigilancia Penitenciaria y posteriormente jefe de lo Penal de la Audiencia Nacional. Se arremangó para defender esta práctica. Y al igual que ocurre con el Ministerio de Interior, que introduce ahora argumentos como el riesgo de que queden libres otros condenados además de los vascos, tuvo que sacar nuevos conejos de la chistera en forma de argumentos para intentar apuntalar la doctrina.

Su argumento básico consistió en salirse del debate de si la doctrina resulta legal o no, que es la cuestión a litigio, para priorizar que «es justa». Según su peculiar tesis, lo que hizo el Tribunal Supremo en 2006 fue corregir una interpretación anterior que era anómala y que se derivaba de «el buenismo de la nueva democracia española». Sostuvo que tras la muerte de Franco se constató que existía un problema de excesivo número de presos y que por ello se aplicaron medidas que reducían el cumplimiento de condena, primero con la aplicación de redenciones sobre un tope de 30 años y luego con la concesión general de estas redenciones.

Gómez Bermúdez se fajó como gato panza arriba tanto con el resto de contertulios, contrarios a la doctrina, como con el público. Y todo le valió para intentar apuntalarla. Lo hizo en un tono siempre desenfadado, en el que llegó a situar como anécdota el tema porque «solo afecta a 50 personas», por lo que luego pidió disculpas si alguien se había molestado. Ese mismo estilo verbal usó para argumentar, por ejemplo, que «las bandas de búlgaros y rumanos saben que esto es un chollo» si la doctrina se deroga.

La injusticia estriba, alegó Gómez Bermúdez, en que con la interpretación anterior a 2006 «una persona que tenía una pena de 29 años y once meses cumplía eso, y otra que tenía condenas acumuladas de 3.000 cumplía lo mismo: 30 años».

No obstante, Gómez Bermúdez dejó entrever en varias ocasiones que no cree que Europa les dé la razón. No se mojó cuando se le pidió un pronóstico, pero señaló reiteradamente que es evidente que el Tribunal de Estrasburgo «está virando» su criterio sobre el marco general de esta cuestión en los últimos años. Lo había apuntado Rafael Sainz de Rozas, experto jurídico de la oficina del Ararteko, que explicó que las decisiones que Estrasburgo va tomando desde 2008 apuntan a que la doctrina será derogada definitivamente. Gómez Bermúdez aceptó igualmente que está claro que a las personas presas se les ha cambiado la fecha de excarcelación en la recta final de su cumplimiento y que eso jurídicamente resulta discutible.

Admite la decisión política

El contrapunto jurídico a la tesis de Gómez Bermúdez lo pusieron Amaia Izko, abogada del equipo de defensa de la presa Inés del Río, y el citado Sáinz de Rozas. Izko incidió en que la doctrina introdujo una fractura del Estado de Derecho aplicando con retroactividad un cumplimiento de penas distinto al impuesto en su día. Esa trampa vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en consecuencia Estrasburgo emitió una sentencia muy fundada y unánime. Ahora, si el Gobierno español quiere revocarla, sobre él recae la carga de la prueba.

Yendo más allá, la abogada vasca consideró que «lo que está aquí en juego no es tanto una interpretación u otra, o que unas personas queden o no en libertad; lo que está en juego es la aplicación universal de los derechos humanos a todas las personas y la calidad democrática del Estado».

Sáinz de las Rozas se situó en la misma onda. Lo argumentó jurídicamente pero tras recordar que no hay que perder de vista la cuestión principal: en el fondo hubo una decisión política para establecer que el objetivo de las condenas a militantes de ETA ya no era la resocialización, «sino también la prevención y la retribución. O sea, el discurso duro de `si lo haces, lo pagas'. El concepto de fondo es que los derechos son para los ciudadanos, no para los enemigos del sistema. Es el Derecho Penal del Enemigo». Para la oficina del Ararteko, no es admisible, por lo que concluyó afirmando que «cruzo los dedos para que la presión que está haciendo el Gobierno español no tenga efectos».

Lo más llamativo es que ni siquiera Gómez Bermúdez ocultó esta decisión política inicial, que fue la que desencadenó el cambio jurídico. Más aún, la reivindicó. En una charla ofrecida en Iruñea hace unos años, el entonces jefe de lo Penal de la Audiencia Nacional ya expuso con orgullo que algunos magistrados de esta instancia especial, entre los que se ubica, han ejercido de «avanzadilla» del Estado contra la disidencia vasca.

Ayer lo dijo con otras palabras, en dos botes. Primero señaló que con ese fallo 197/2006 «conseguimos un movimiento estratégico para que se repasara la interpretación anterior del Supremo». Y luego, en el fragor del cruce de opiniones con el público, se le escapó que no considera que la doctrina haya sido un problema para lograr el nuevo escenario, sino al contrario: «Quizás estamos así precisamente gracias a la `doctrina Parot'». Un murmullo generalizado de desaprobación dio réplica a esta frase. Paradójicamente, el juez había iniciado su exposición en el Colegio de Abogados así: «No vengo a hablar de política, sino de Derecho».

Empresarios, preocupados

Obviamente, la cuestión política era insoslayable ayer, porque la adaptabilidad o no de la Justicia para facilitar avanzar hacia la resolución es una cuestión clave y está detrás de este litigio de la doctrina. En ello incidió sobre todo Jon Garai, representante de Herrira, que recordó la amplia mayoría social en Euskal Herria contra ella y subrayó que «respetar los derechos humanos es lo que ayuda a avanzar».

Gómez Bermúdez se sintió forzado a justificar que él también quiere la paz. Aseguró que había comido en Bilbo y «da gusto ver cómo está Euskadi. Pero hacer la paz no tiene que ver con la `doctrina Parot'. Rememos sobre la legalidad. Y tengamos en cuenta a las víctimas».

Así, planteó que mantener esta doctrina no quiere decir que los presos deban pasar 30 años en la cárcel: «Ahí está el tratamiento individualizado». También habló de suprimir la dispersión, «pero deben dar pasos; ellos delinquieron, no yo».