El Parlament de Catalunya aprobó ayer una nueva resolución a favor del derecho a decidir con una mayoría nunca antes vista, formada por los 104 diputados de CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA, un 77% del hemiciclo, frente a solo 27 votos en contra -PP y Ciutadans- y tres abstenciones, correspondientes a los tres diputados de la CUP.

Sin embargo, sin desmerecer la potente fotografía reflejada por el Parlament, cabe matizar el contenido de la resolución, mucho más descafeinada que la Declaración de Soberanía aprobada por 85 diputados el pasado 23 de enero. Mientras que en aquella ocasión se reivindicó a Catalunya como «sujeto político y jurídico soberano», la declaración de ayer se limitó a instar al Govern a abrir una negociación con el Gobierno español para ejercer el derecho a decidir. De hecho, la resolución aprobada ayer no es sino una copia de la declaración presentada por CiU recientemente en el Congreso español, debidamente rechazada por el PP y el PSOE, lo cual llevó a 13 diputados del PSC -todos excepto Carme Chacón- a romper por primera vez la disciplina de voto socialista en el Congreso. Es decir, que el Parlament ha pedido un diálogo que el Gobierno español ya ha rechazado de antemano, por lo que cabe preguntarse, como lo hicieron ayer varios analistas, sobre la utilidad de la nueva declaración, más allá de la novedad, nada desdeñable, de la suma del PSC.

Así lo asumieron los partidos que pactaron la Declaración de Soberanía, que aprovecharon para recordar a los socialistas que el diálogo con el Estado ya estaba contemplado en aquella resolución. El portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, dio la bienvenida al PSC, que «no puede estar al margen de este proceso democrático», mientras que el secretario general de ICV-EUiA, Joan Herrera, consideró «una buena noticia que el PSC se sume a la centralidad del catalanismo, que pasa por el derecho a decidir».

Algo más dura, pero en la misma línea, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, aseguró estar «satisfecha» por la suma del PSC, aunque advirtió de que «para que haya diálogo debe haber voluntad en ambas partes, pero aquí al otro lado no hay nadie». Por ello, preguntó directamente a la bancada del socialista qué harán para defender el derecho a decidir «cuando el diálogo se convierta en monólogo».

De hecho, aquí radica una de las claves de la votación de ayer, que hacen dudar sobre el compromiso del PSC con el derecho a decidir, ya que tanto en el texto aprobado como en la intervención de su secretario general, Pere Navarro, se limitaron a insistir en la necesidad de negociar con el Estado, sin aclarar cuál será su opción tras la evidente negativa del PP. «El PSC tiene su camino, la reforma constitucional, y no quiere la independencia, pero está de acuerdo en que los catalanes tenemos que poder decidir nuestro futuro y la mejor fórmula es un acuerdo entre los gobiernos de Catalunya y España», explicó Navarro.

Más tiempo

Para añadir más dudas a la postura socialista, ayer se supo que la ponencia sobre la ley consultas en la que trabaja el Parlament se alargará más de lo previsto, debido precisamente a que el PSC ha pedido más tiempo «para incorporar más elementos». Una ley de consultas que, de acuerdo con CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, debería servir también para preguntar a los catalanes sobre su futuro político; algo a lo que sin embargo, el PSC ya anunció que se opone.

Estos elementos llevaron a la CUP a anunciar una abstención «incrédula», en una votación que, según explicó su diputado Quim Arrufat, les deja «un regusto agridulce». Dulce por el «regreso» del PSC al catalanismo y agrio porque «en el Estado español ya han votado en contra». «Las cartas hace tiempo que están sobre la mesa: o consulta o el mayor fraude democrático de este país desde la transición», destacó Arrufat, que preguntó al resto de los diputados «hasta dónde está dispuesta a llegar la clase política para obedecer el mandato democrático del pueblo».

Por un lado, solo la CUP y ERC parecen tener una respuesta clara a esta pregunta. Por el otro, PP y Ciutadans lo tienen más que claro, como lo demostraron ayer al calificar la petición de negociación como una nueva declaración de independencia «encubierta».