Estrasburgo va a ser escenario de una contienda jurídica con un enorme trasfondo político y cuyo desenlace va a condicionar en gran medida el futuro próximo de este país. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe estudiar el recurso interpuesto por el Gobierno español contra la sentencia que le obliga a poner en libertad a Inés del Río y a resarcirla por mantenerla en prisión a pesar de haber cumplido su condena inicial, en aplicación de la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo. Precisamente, a través del caso de la presa de Tafalla es esta norma la que va a ser enjuiciada, y con ella uno de los puntales de la estrategia española contra los presos vascos.

Por ese motivo, hoy todos los ojos están puestos en la capital alsaciana. Es mucho lo que está en juego. En primer lugar, para Inés del Río y para el resto de presas y presos que pueden verse afectados por la sentencia. Y por supuesto, también para sus familias. Pero a nadie se le escapa el impacto que el fallo puede tener en el escenario político de Euskal Herria, que lleva meses bloqueado. Si la Gran Sala ratifica la sentencia adoptada por la Sala Tercera, los afectados por la doctrina podrían recobrar la libertad en un corto plazo y, además, las expectativas de muchas otras personas encarceladas serían diferentes. Y cuando Madrid no muestra ninguna intención de rebajar la presión en las cárceles, esta posibilidad daría aire al proceso. Al contrario, si finalmente Estrasburgo diera la razón a las autoridades españolas, estas tendrían más fácil mantener su enroque.

Con todo, la posibilidad de que Euskal Herria alcance el objetivo de paz y democracia que se ha fijado no está en manos de la corte europea. El fallo, que aún tardará en llegar, puede facilitar o entorpecer el camino, pero este debe ser recorrido por la sociedad vasca. La solución sigue estando aquí, en la capacidad que tiene este pueblo de generar las condiciones necesarias para alcanzarla. No en Estrasburgo, cuya resolución será un punto de inflexión para seguir trabajando.