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Absueltos los docentes de la UPV juzgados por permitir estudiar a González y Lete

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Bilbo ha absuelto a los profesores de la UPV Xabier Aierdi y Enrique Antolín de la acusación de prevaricación por dar clases a los entonces deportados Belén González y Ángel Lete.

GARA | BILBO

En la sentencia hecha pública ayer, la jueza entiende que ambos profesores no cometieron delito al mantener a dos personas deportadas dentro de un listado de alumnos en situación académica especial y que la mayoría eran presos, ya que esa situación «les vino dada». Fiscalía y acusaciones particulares pueden ahora apelar ante la Audiencia de Bizkaia.

La magistrada considera que al no existir entonces una reglamentación sobre estudiantes deportados se aplicó por analogía la «única norma existente en aquella época» sobre alumnos privados de libertad. Destaca que la extensión a ambos, entonces deportados en Cabo Verde y República Dominicana, de ese sistema pensado inicialmente para los presos se había aplicado con anterioridad a los hechos juzgados, ya que Lete Etxaniz había obtenido en 1992 la licenciatura de Filosofía.

Constata que González Peñalba y Lete Etxaniz se matricularon ese año en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, sin que ningún miembro de la UPV-EHU, ni otros profesores, ni dentro de los diferentes equipos decanales, «se cuestionara o suscitara alguna duda sobre la posible irregularidad» de la inclusión de esos deportados junto a presos. También recuerda que el entonces rector, Pello Salaburu, dijo en el juicio que él mismo había entendido que se les debía aplicar la misma consideración.

Por todo ello, la magistrada entiende que los dos profesores tuvieron que impartir docencia a los dos deportados una vez aceptada su matrícula y que, dentro del «ámbito de la libertad de cátedra», escogieron el modo de evaluación que consideraron más apropiado que la mayor parte de las veces era por presentación de trabajos.

La jueza coincide con las acusaciones en que esa forma de evaluación «no permitía efectuar un control adecuado» de los alumnos y, por ello, entiende que la propia universidad regulara en 2004 el seguimiento de los que no podían acudían a examinarse a los campus.

La UPV-EHU mostró a través de una nota su satisfacción por la sentencia absolutoria, porque «certifica definitivamente la actuación adecuada de estos profesores en el desempeño de sus tareas docentes y, con ellos, la de toda la universidad».

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