La decisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de abrir diligencias contra Laura Mintegi por su intervención en el Parlamento de Gasteiz el pasado jueves constituye, por el momento, el último capítulo de un desmedido e inaceptable acoso contra la cabeza de lista de EH Bildu en las últimas elecciones. Una auténtica caza de brujas para la que algunos grupos políticos y medios de comunicación no han tenido empacho en tergiversar las declaraciones de la parlamentaria abertzale, atribuyéndoles un sentido diametralmente opuesto al que pretendía la autora. Calificar de tragedia todas las muertes causadas por el conflicto y sostener que podían y debían haberse evitado puede ser constitutivo de delito a juicio del fiscal Juan Calparsoro, al parecer debidamente aleccionado por el fiscal general del Estado.

La actuación contra Mintegi es una grave injerencia en la actividad del Parlamento y un ataque a la inviolabilidad parlamentaria de la afectada. Un ataque con clara intencionalidad política y un intento de coacción al que lamentablemente se ha prestado el fiscal superior del TSJPV, que sabe de sobra que la profesora no ha «enaltecido» nada ni ha menoscabado la memoria de nadie. Como lo saben quienes con intención de sacar réditos políticos han azuzado un fuego de consecuencias imprevisibles.