Para cuando estas líneas se publiquen y lleguen a sus manos, se habrá celebrado ya la vista ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, encargada de resolver el recurso del Reino de España contra la sentencia que dio la razón en primera instancia a Inés del Río, y el espectáculo de los días precedentes no ha sido ciertamente edificante. Estamos hasta la coronilla de ver a los miembros del Gobierno llenarse la boca con la ley, la ley, y nada más que la ley, el Estado de Derecho y eso tan socorrido, cuando tienen problemas relacionados con la corrupción, de decir «dejemos actuar a los jueces» y resulta que ahora que, por fin, se va a resolver definitivamente el asunto de las ilegales prolongaciones de condena, despliegan una intensa campaña para presionar al tribunal encargado del asunto.

El ministro del Interior tocó a rebato y toda la fiel infantería le ha seguido en sus soflamas. Me dice un querido amigo preso que Fernández Díaz tiene el mismo hablar precipitado, cargado de muletillas y palabras innecesarias de Fraga, y tiene razón, pero para hablar de este tema adopta, además, el tono del Enano Saltarín cuando decía aquello de cautivo y desarmado el Ejército rojo... primer año triunfal. Y es que Jorge -que se llama como el papa argentino- para meter presión a los jueces de Estrasburgo no tiene reparos y quiere cargar sobre los hombros de sus señorías el peso de tener que excarcelar a todos los ilegalmente encarcelados y además pagarles indemnizaciones. El argumento es tan absurdo que supongo que la única presión que habrán sentido los destinatarios del discurso será en la vejiga al mearse de risa. España, miembro de la CE, mantiene ilegalmente en prisión a cientos de ciudadanos que ya han cumplido sus condenas con arreglo a la normativa vigente cuando cometieron los delitos por los que fueron juzgados, contraviniendo así la normativa europea sobre derechos humanos. Si la Gran Sala dicta sentencia diciendo que eso es ilegal y que deben ser excarcelados, la única y exclusiva responsabilidad de su excarcelación y de las consecuencias económicas aparejadas será de quien les ha mantenido presos ilegalmente, no de quien ordene su excarcelación.

La marca España pasa por momentos difíciles. Ahora que la prima de riesgo parecía dar un respirillo salta la sentencia que declara ilegal la normativa hipotecaria española porque genera indefensión a los consumidores y, por si fuera poco, aparece el video de los valientes soldaditos españoles torturando a iraquíes indefensos tirados en el suelo. Claro que ya se han apresurado todos a decir que esas imágenes en absoluto reflejan el modo de ser del Ejército español, se trata de dos locos descarriados. Igualico, igualico que en el caso de los torturadores de ciudadanos vascos: primero se niega la mayor y la tortura no existe. Y si hay condenados, no representan al cuerpo, iban por libre. Luego se les indulta y se les contrata de instructores. Está todo pensado.