¿Cómo recuerda los inicios de su lucha?

Me definí como militante de la causa mapuche hace diez años, formando parte de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco). Quería ser parte del proyecto político existente. El movimiento, por aquel entonces, tenía dos ejes de funcionamiento: la resistencia y la reconstrucción. Todo nacía de la recuperación de tierras. Validábamos la confrontación directa y le dábamos un sustento diario a la lucha. Quería ser parte de las acciones contra empresas económicas, como las forestales y también contra terratenientes. La represión del Gobierno y los `pacos' (policías uniformados, carabineros) no se hizo esperar, pero nosotros teníamos los objetivos bien claros.

¿Su militancia era pública?

Estuve harto tiempo militando como una persona anónima, pero luego ya era alguien conocido. Tanto el Gobierno como la gente sabía quién era. En el año 2008, en el sector de Arauco, comenzamos una lucha contra la empresa forestal de nuestra zona. La gente se fue sumando gracias a los resultados. Para nosotros era legítimo lo que hacíamos, pero para muchos las formas violentas que utilizábamos eran cuestionables. Sin embargo, la lucha pacífica era mucho más lenta.

¿Cómo trabajaban?

La confrontación directa. Cosechábamos las tierras de los colonos para darles a las familias que no tenían nada, entrábamos a talar... Teníamos respaldo, la gente sabe que la forestal no ha conseguido esas tierras de forma legal. Enseguida llegaban fuerzas especiales de Carabineros, que estaban instalados en las cercanías, y los desalojos eran inminentes. Al principio hacíamos entradas simbólicas, después comenzamos a trabajar la tierra y al final ya comenzamos a defendernos de los desalojos con las armas que podíamos tener a nuestro alcance. En el sector había un colaborador de la dictadura militar llamado José Santos Jorquera, que dejaba sus terrenos para torturar. Tenía una deuda con la gente, pero volvió a prestar sus servicios a la Inteligencia. Es una zona donde la empresa española Endesa tiene grandes intereses.

¿El Gobierno protegía los intereses de los colonos?

Claro. El golpe que nosotros dimos tenía que ver con los proyectos económicos futuros en esta zona por parte de empresas extranjeras. Además de Endesa, en la cordillera hay proyectos minerales y la extracción de los recursos naturales está por encima de las personas. Allá se puede lograr escandio, que es un mineral muy escaso que utiliza la NASA, por lo que los gringos también estaban detrás de esto. Por eso, para el Gobierno es urgente erradicar la resistencia mapuche.

¿Fue allá donde le detuvieron?

Un día entramos y la Policía enseguida llegó. La gente se hartó de este hombre (Jorquera) y fuimos a echarlo. Se planteó quemar sus propiedades, pero se decidió solo amedrentarlo para que se fuera. Seis meses después nos detuvieron a 17 personas. Esa noche, carabineros fueron a verificar los hechos. Vimos una gran caravana de vehículos en la que, supuestamente, viajaba un fiscal. Ahí se produjo otro enfrentamiento. Cortamos los caminos para buscar un lugar donde enfrentarnos a su mayor logística y armamento. Iban a allanar las casas de forma violenta. Este es el segundo hecho del que me acusaron, intento de homicidio, pero finalmente quedó en lesiones.

¿Cómo se desarrolló el juicio?

Estuvimos un año y nueve meses en prisión preventiva. Nos acusaban de siete delitos, pero no pudieron demostrar nada. Ni siquiera los dos por los que me condenaron. El Gobierno vio la ocasión de meternos a la cárcel y sacarnos de la vida pública. Nos aplicaron la ley antiterrorista, lo que supone secreto de sumario. Nosotros no sabíamos de qué se nos acusaba, no teníamos derecho a la defensa. Apareció la figura de los testigos sin rostro (protegidos), cuya palabra es incuestionable. Se trata de la cuestión más grave, porque su palabra estaba por encima de la de cualquiera de nosotros. Se nos procesó en un tribunal civil y en un militar, por lo que fuimos juzgados dos veces por lo mismo, saltándose el principio de non bis in ídem. El tribunal militar nos absolvió al considerar que no existían los indicios necesarios, pero no el civil que estimó su existencia.

Durante el proceso realizó dos huelgas de hambre.

La primera empezó a mediados de agosto de 2010 y se prolongó durante 83 días. En esta huelga participamos 34 mapuches que exigíamos la no aplicación de la ley antiterrorista, ser juzgados por tribunales competentes y no ser juzgados dos veces por los mismos hechos. En febrero de 2011, los cuatro que finalmente fuimos condenados por este caso estuvimos otros 86 días en huelga de hambre. Las demandas eran las mismas y la no utilización de los testigos sin rostro y la anulación del proceso judicial, que considerábamos viciado. En un principio fuimos condenados a 20 años de prisión, pero el homicidio frustrado se convirtió en lesiones y la condena quedó en 8 años.

¿Se le reconoce el estatus de preso político?

El Estado chileno no reconoce nuestro carácter de presos políticos. La ley antiterrorista es una herramienta de persecución política creada durante la dictadura militar para perseguir a los detractores de Pinochet, por lo que queda probado que es una causa política. Somos presos políticos.

Sin embargo, no está acusado de asociación ilícita.

Era una de las acusaciones que no pudieron demostrar durante el juicio. El Gobierno siempre buscó criminalizarnos. Para ellos era mejor decir que se nos detuvo por robos y golpes, que por la recuperación de tierras, pero, sin embargo, nos aplica la ley antiterrorista. Qué contradicción, ¿no?