La juez decana de Nafarroa, que instruye la denuncia de Kontuz, ha elevado las acusaciones contra los máximos responsables del Gobierno navarro de los últimos años. A su entender, los pagos que realizó Caja Navarra a políticos podrían estar vinculados con la falta de inspecciones por parte del Ejecutivo, y esto supondría un delito de cohecho. María Paz Benito entiende que el presunto cohecho debe ser investigado en Nafarroa. La juez admite que el resto del caso vaya a la Audiencia Nacional española, pero se niega a ceder lo relacionado con las inspecciones, las dietas y algunos créditos a consejeros de la caja.

En su auto de ayer, Benito sostiene que «el pago y cobro de las dietas no constituyen el presunto delito societario enunciado, sino que podrían constituir un presunto delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión cuya competencia se atribuye a este juzgado». Subraya que «las mismas personas que debían ejercer la inspección a la Caja en su calidad de miembros del Gobierno Foral, del Ayuntamiento de Pamplona» son las que han cobrado «cantidades de dudosa justificación».

Sobre a la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, el auto indica que «tiene un sustento cuando menos dudoso». A esta Permanente pertenecieron Yolanda Barcina, Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya. En el texto se afirma que algunas de las reuniones de estas personas «tenían por objeto únicamente darse por enterados de que no había habido ningún acuerdo nuevo por parte de los órganos de gobierno de la entidad». Asimismo, sostiene que la Junta y la Permanente no tenían poder y, por tanto, «ninguna función de gestión o administración correspondía a sus miembros». Es decir, que los cuatro altos cargos cobraban por no hacer nada.

Aunque la juez no especifica nombres, parece claro que el presunto delito de cohecho afectaría a Sanz, Barcina, Maya y Miranda. Todos ellos han devuelto las dietas a CAN, lo que podría suponerles un atenuante en caso de que se les considere culpables. Por ahora, siguen sin estar imputados, ya que, de haber imputaciones, estas se darán a conocer al término de la instrucción.

En cuanto al hecho de que, de 2000 a 2012, el Gobierno de Nafarroa no realizara una sola inspección a la CAN (como ayer adelantó este periódico), la instructora tiene claro que supone una omisión grave de sus deberes. En el auto se cita el decreto foral 244/1992: «sin perjuicio de las facultades del Banco de España en esta materia, el Departamento de Economía y Hacienda ejercerá las funciones disciplinaria, de inspección y sancionadora de las Cajas de Ahorros que operan en el ámbito de la Comunidad Foral».

El cohecho es un delito que solo puede ser cometido por cargos públicos y que supone la aceptación de un favor o dádiva para realizar, o no realizar, una determinada acción. Según la Real Academia Española, el cohecho se da cuando un cargo público se deja «sobornar». Como delito propio de la función pública, las penas que suele tener el cohecho incluyen la inhabilitación para el ejercicio de la política, además de las otras sanciones que pueda conllevar dependiendo de la gravedad de los hechos cometidos y que incluyen la prisión. Jurídicamente, los distintos tipos de cohecho están catalogados entre los artículos 419 y 427 del Código Penal, ambos inclusive.

¿Quién llevará la instrucción?

El conflicto de competencias sigue abierto y aún no se sabe dónde se desarrollará la instrucción. Hace unas semanas, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, reclamó al juzgado de Benito que se inhibiera de todos los delitos denunciados por Kontuz y UPyD, salvo el tema de las inspecciones. Con su auto de ayer, Benito se niega a inhibirse en lo relacionado con las dietas y créditos a consejeros, puesto que piensa que existe conexión entre las tres cosas. El delito de cohecho corresponde, sin atisbo de duda, a la jurisdicción del Juzgado de lo Penal número 3 de Iruñea.

La Audiencia Nacional solicitó quedarse con todo salvo las inspecciones porque no apreciaba esta conexión y aseguraba que era una «trama» distinta y «más local». Tras el auto de ayer, el juez Velasco podría recurrir la decisión de Benito, con lo que se activaría una cuestión de competencias que debería dirimir el Tribunal Supremo. De ocurrir así, el Supremo podría resolver en torno a un mes. Pero, para ello, Velasco debe tomar la decisión de que recurrirá. En caso contrario, la AN tiene que inhibirse para dar vía libre a la instrucción de Benito. A este respecto, cabe remarcar que quien tiene toda la información sobre los hechos es Benito y no Velasco. Kontuz y UPyD, que son los acusadores, entienden que el presunto cohecho debe ser investigado en Nafarroa. Es costumbre que, en casos así, el Supremo escuche a las partes para tomar su decisión.

Por ahora, los únicos acusados en la causa que sigue Benito son Sanz y el exdirector Enrique Goñi. En caso de que Barcina acabara imputada, la jurisdicción se trasladaría al Supremo, dado que es aforada, a no ser que dimita como hizo el diputado del PP Santiago Cervera.