Sonia González y Bea Martxueta, responsables de Comunicación y Políticas Sociales de LAB, criticaron con dureza los cambios en el sistema de jubilación que ha impuesto el Gobierno español del PP mediante un nuevo decreto ley «de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo». Entienden que nos encontramos ante «una situación alarmante y urgente que requiere de soluciones urgentes y de calado para nuestro pueblo».

La central sindical culpa al PP y al PSOE, antes, de que con la disculpa de la sostenibilidad de las pensiones «tratan de acabar con el sistema público». Porque, en realidad, «se está conformando un sistema débil y con bajas pensiones, dejando como únicas alternativas los planes de pensiones privados o quedar condenado al asistencialismo», dijeron.

Ambas explicaron que «deducimos que el objetivo de Madrid, así como el de Bruselas, es colapsar el sistema parcialmente para poder distorsionar la realidad, justificando los decretos y los recortes utilizando los argumentos que estamos oyendo con frecuencia del descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida». Así, explicó González, «implantan sus políticas, sus leyes y sus recortes». La viabilidad del sistema pasa, a juicio de LAB, «por crear empleo de calidad» y «una distribución justa del trabajo y la riqueza».

Ante esta nueva agresión, cada vez más continuada en el tiempo, llamaron a los agentes políticos, sindicales y sociales «a abordar un debate y poner en marcha cuantas iniciativas sean necesarias para garantizar nuestras pensiones, aquí y ahora».

La responsable de Comunicación aseguró que este enésimo decreto ley «llega de la mano del poder financiero» y explicó que «cuanta más democracia se pide en las calles, más imposiciones se nos aplican».

Sonia González recordó que estas nuevas medidas «penalizan las jubilaciones anticipadas, finiquita la jubilación parcial e impone medidas crueles para tener acceso al subsidio de desempleo para los mayores de 55 años». Porque, a su juicio, si se unen a la ampliación de la edad de jubilación «supone un castigo añadido no solo para los futuros pensionistas, sino para los más de 220.000 parados. Se nos castiga a los trabajadores, pero a las grandes empresas se les exime del coste de las prejubilaciones». Es un contrasentido para LAB que solo obedece a la defensa terrible de los intereses de la élite económica, porque «mientras se recorta, a la banca se la rescata con miles de millones».

«Aperitivo» de lo que llegará

Las dos representantes de LAB, sin embargo, entendieron que esta imposición del Gobierno de Madrid es «un aperitivo de lo que vendrá después».

Porque, como explicó Sonia González, «acelerarán a 67 años la edad de jubilación y con ese factor de sostenibilidad que introducirán desligarán el incremento de las pensiones del IPC. Será un mecanismo para bajar las cuantías de las pensiones. Será automático».

LAB entiende que esta actuación sobreviene porque «han colapsado el sistema de pensiones» con el objetivo de «dejar la única salida en los planes de pensiones privados». Rechaza ese modelo privado de pensiones y, como explicó Bea Martxueta, «el movimiento social y sindical tenemos un reto ineludible como es abrir el camino que nos permita conseguir las herramientas para organizar nuestro propio sistema de la Seguridad Social y, en ese camino, abrir el debate sobre el modelo que necesita Euskal Herria». Porque «estar atados a Madrid y a su proyecto ultraliberal, al Pacto de Toledo, a la caja única y a su modelo social y de empleo nos lleva a la miseria y la pobreza extrema».

La secretaria de Política Social de LAB destacó, por otro lado, que el modelo que pone sobre la mesa pasa «por una política de empleo de calidad, dado que en la actualidad solo el 5% de los nuevos contratos es indefinido». También exigió «la eliminación de las bonificaciones fiscales a planes de pensiones privados y, a la vez, que se establezcan políticas fiscales y contributivas justas y progresivas».

Así, demandó de los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea «que no sigan comportándose complacientes y respetuosos con decisiones que merman nuestras condiciones laborales y sociales». Además Martxueta les espetó a los gobiernos, sobre todo al de Iñigo Urkullu, que «no basta con interponer recursos constitucionales o adoptar declaraciones parlamentarias». Tampoco, como finalizó, «presentando presupuestos que promueven el empleo precario, como el que está en debate».