El fiscal superior del TSJPV, Juan Calparsoro, negó ayer viabilidad a cualquier «ingeniería jurídica» -término utilizado por el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz-para evitar una sentencia definitiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la doctrina 197/2006. Explicó que no existen «vías» para poder evitar su cumplimiento. Y que si la resolución «confirma la ilegalidad» de la doctrina para alargar las penas de los presos artificialmente, supondrá «el adelantamiento de la puesta en libertad» de los presos a los que se les haya aplicado.

El máximo representante de la Fiscalía en la CAV remarcó que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo «obligan al Estado español» ya que «España forma parte de un convenio internacional que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que vincula a todos los poderes públicos, incluidos los órganos judiciales».

Estas declaraciones chocan frontalmente con lo expuesto por el titular de Interior el pasado miércoles, en las que aseguraba que estudian implantar mecanismos para contrarrestar una posible decisión desfavorable de Estrasburgo.

«En el caso de que el tribunal entendiera que esta doctrina va en contra del citado Convenio -explicó Calparsoro-, nos obligaría a los juzgados, tribunales y fiscalías a aplicar ese nuevo criterio sentado por el TEDH».

Por ello, desestimó cualquier vía alternativa para mantener en prisión tanto a Inés del Río como a todos los demás presos políticos vascos en la misma situación. Se calcula que son unos 70 en la actualidad.

Nueva liquidación

Calparsoro precisó que, de producirse una sentencia en la misma línea de la del pasado julio, «a los presos que estén en la situación de prolongación de prisión por habérseles aplicado esa nueva manera del cómputo de cumplimiento de penas, tendría que hacérseles una refundición, una nueva liquidación de condena, que derivaría en un adelantamiento de su puesta en libertad».

En cuanto a su previsión sobre cuál puede ser el fallo final, el fiscal reconoce «las dificultades jurídicas derivadas de que ya hay una primera sentencia en la que ya, por unanimidad, el tribunal decide que esa doctrina va en contra del convenio referido a la retroactividad».