El proceso de rescate del sistema bancario de Chipre ha abierto una crisis diplomática entre Rusia y la Unión Europea. La razón es sobradamente conocida: la propuesta de hacer recaer una parte significativa del coste del rescate sobre los inversores en los bancos chipriotas, en buena parte de nacionalidad rusa.

El debate abierto al respecto entre Chipre, Rusia y la UE tiene distintas vertientes. Por un lado, es preciso -en nuestra opinión- partir del supuesto básico que hemos reafirmado repetidamente desde Ekai Center en relación con las políticas anti-crisis en Europa y en el conjunto de Occidente: la lógica «teórica» -si se prefiere, la necesidad- de que los inversores se responsabilicen de las insolvencias de las entidades financieras en las que han invertido. Y, a la vez, la necesidad de minimizar tanto la implicación de los presupuestos públicos como la de los meros ahorradores.

Como consecuencia de la aplicación a Chipre de estos criterios básicos, parece lógico que los pequeños depositantes -más ahorradores que inversores- sean protegidos y los grandes depositantes -que, en el caso de Chipre, son los fundamentales inversores- sean responsabilizados de estas insolvencias.

Como sabemos, esta fue la propuesta del FMI y de los países del centro y norte de Europa en el seno del Eurogrupo, que llegaron a plantear quitas del 40 por ciento a los grandes inversores y evitar cualquier quita a los depósitos de menos de 100.000 euros.

Frente a esta propuesta, el gobierno de Chipre -como viene siendo tristemente habitual entre los gobiernos de los países periféricos europeos- se volcó en la defensa de los depósitos de los inversores, planteando a cambio hacer recaer parte de la carga del rescate sobre los pequeños depósitos de sus ciudadanos. Todos sabemos el revuelo social y político que este planteamiento ha levantado en Chipre, obligando a una inmediata reorientación del conjunto de la operación de rescate.

Pero es cierto también que Rusia tiene una gran parte de razón cuando afirma que lo sucedido en Chipre es excepcional. Y que en los procesos de rescate seguidos en otros países se han limitado al mínimo las cargas asumidas por los inversores, haciendo recaer prácticamente todo el peso del rescate sobre los presupuestos públicos del país afectado o de la Eurozona. En este sentido, es lógico que Rusia se sienta agraviada al respecto.

Sin embargo, la cuestión clave para interpretar correctamente estos posicionamientos es, por supuesto, quiénes son -en cada caso- los inversores afectados.

Cuando la Eurozona o los países periféricos han decidido proteger a toda costa a los inversores implicados en las sucesivas crisis bancarias, estaban protegiendo inversores franceses, alemanes o norteamericanos -e, indirectamente, a «Wall Street»-, en función del acuerdo estratégico al que al respecto se sometieron los estados avanzados europeos en 2010.

Pero este acuerdo de proteger a los inversores a costa de los ciudadanos europeos no es consecuencia lógica de ningún razonamiento económico, ético o democrático, sino una mera sumisión al poder fáctico de los grandes inversores occidentales.

De ahí que sea perfectamente entendible que la Unión Europea se resista a un nuevo saqueo de sus ciudadanos para salvar a inversores que, en esta ocasión, no pertenecen a la oligarquía financiera occidental sino que, al contrario, provienen de un bloque estratégico distinto.

Es más, lo sorprendente es que, ante estas circunstancias, la Unión Europea haya aceptado destinar 10.000 millones de euros de sus ciudadanos a este rescate, en lugar de exigir con carácter previo una imputación total del rescate a los inversores.

Lo lógico es que el Gobierno de Chipre mantenga abierta una doble vía de negociación con la Unión Europea y con Rusia, a efectos de intentar conseguir la máxima implicación de los mismos en el rescate. Dentro de esta negociación a varias bandas, parece también lógico que si es necesario algún tipo de ayuda externa extraordinaria para proteger a los inversores rusos en Chipre, esa ayuda provenga de Rusia y no de la Unión Europea.

Muy probablemente, este ha sido el tema central de las negociaciones entre Chipre y Rusia durante esta semana. Se trataba de tantear hasta qué punto está el gobierno ruso dispuesto a utilizar sus recursos públicos para evitar o reducir las quitas sobre los inversores de este país en Chipre.

La respuesta del gobierno ruso, ya lo hemos visto, ha sido negativa. Y esto es solo relativamente sorprendente. En principio, ningún gobierno debería aceptar rescates masivos a cargo de los fondos públicos para compensar los riesgos asumidos por sus inversores. De ahí que, salvo que deban tenerse en cuenta otro tipo de argumentos estratégicos, no solo es comprensible sino que debería aplaudirse la decisión del gobierno ruso de no implicarse en el rescate para ayudar a sus inversores en Chipre. Es una señal positiva que acredita en qué medida el gobierno ruso tiene una mayor capacidad de defensa de los intereses generales que la generalidad de los gobiernos occidentales.

Si los gobiernos de Europa y USA hubieran tenido el coraje de aplicar este mismo criterio en los sucesivos procesos de reestructuración bancaria, la evolución y duración de la crisis financiera hubiera seguido una dinámica sensiblemente distinta.

Es evidente que esta negativa rusa es una contradicción con las quejas diplomáticas transmitidas ante la prevista quita a los depósitos rusos en Chipre. Pero es que una cosa es realizar manifestaciones públicas o transmitir un determinado nivel de malestar por vía diplomática y otra, muy distinta, saquear a los ciudadanos de un país para proteger las cuentas de resultados de sus grandes inversores. Que en Europa nos estemos acostumbrando a ello no significa que sea lógico desde una perspectiva económica ni éticamente lícito.

A la vez, a la espera del resultado final de la operación de rescate en Chipre, no sería mala idea que esta posición de exigencia ante los inversores rusos fuese un precedente para el resto de los países periféricos europeos y la imputación de responsabilidad a los inversores se convirtiese en el elemento central y previo a cualquier operación de rescate. Somos conscientes de las implicaciones políticas y geo-estratégicas de este planteamiento. Pero también de su inevitabilidad si queremos salvar la economía de nuestros países y la dignidad de nuestros sistemas democráticos.