Las cifras aportadas por el Ararteko sobre la lucha contra la exclusión social deberían causar sonrojo a los responsables del Departamento de Empleo que decidieron que Lanbide asumiera la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) sin dotar a ese organismo de los medios necesarios para ello. El resultado ha sido un aumento «extraordinario» de las quejas en este ámbito. Ese fue el adjetivo utilizado ayer por Iñigo Lamarca, extraordinario, y no cabe otro cuando hablamos de un crecimiento del 3.000% en dos años.

El Servicio Vasco de Empleo relevó a los ayuntamientos en la gestión de la RGI y la PCV, y el caos causado por tal decisión ha conducido a muchísimas personas que se hallaban en riesgo de exclusión a rondar la más absoluta pobreza. Tal como informó GARA en un extenso reportaje publicado el 27 de mayo del año pasado, miles de solicitantes han pasado meses sin cobrar la ayuda que les permite cubrir sus necesidades básicas, o sin saber siquiera qué ha sido de sus expedientes. Y este colapso ha afectado también a los propios trabajadores de Lanbide, que en demasiados casos se han visto inermes, impotentes ante la avalancha.

No hay que olvidar, asimismo, que además de ceder a Lanbide el cometido que antes realizaban de forma más cercana y eficaz los consistorios, el anterior Ejecutivo de Lakua redujo la cuantía de la RGI ante el mayor número de demandantes y endureció sobremanera los requisitos para acceder a la ayuda, impidiendo su percepción a un número importante de personas sin recursos. Todo ello, mientras se acometía una campaña de descrédito y criminalización de los perceptores con la excusa del presunto «fraude social». Las consecuencias de esta política las estamos viendo ahora, en forma de números y, sobre todo, de desgarradoras experiencias personales, y ante la perspectiva de un año económicamente nefasto bien harían los nuevos mandatarios autonómicos en dar solución a este desastre.