La juez María Paz Benito, que lleva el «caso Caja Navarra», aceptó ayer la petición de Kontuz para que la CAN le remita los archivos informáticos originales de las actas de la Junta de Entidades Fundadoras y la Permanente de la entidad. Con esos archivos, se puede verificar cuándo y quién redactó esos documentos y, de esa forma, comprobar si fueron falseadas. Los encargados de redactar esos documentos son afiliados de UPN.

La juez indica que se le entreguen esos documentos y además que se le indique «el equipo informático o servidor utilizado para eleborarlas, así como su actual ubicación». Esta petición se sustenta en varios indicios que apuntan a una eventual falsedad, como el hecho de que haya actas que sean un «corta y pega» de sesiones anteriores y la numeración correlativa en la paginación de las actas de sesiones distintas.

A este respecto, hay que remarcar que las dos personas que se encargaban de redactar esas actas, el secretario de la caja, Alberto Pascual, y la asesora jurídica, Amaya Rández, son militantes de UPN. La filiación política de ambos saltó a la luz en el Congreso que eligió a Barcina, ya que ambos acudieron a unas votaciones exclusivas para los afiliados al partido.

Antes de que el caso llegara a los tribunales, las actas de la Junta de Entidades Fundadoras y la Permanente fueron solicitadas de forma reiterada por el Parlamento por Bildu, pero jamás se entregaron. De no haber aparecido esos documentos, Miguel Sanz y Yolanda Barcina se hubieran visto en un compromiso serio con la Justicia. Las actas que se van a verificar llevan la firma de ambos y Barcina y Sanz las han dado por válidas.