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El comité de Laminaciones Arregui reclama a la AN que desestime el ERE

La Audiencia Nacional acogió ayer una vista sobre el ERE de suspensión para 160 empleados presentado por la dirección de Celsa Atlantic y que el comité de empresa recurrió ante los tribunales. La representación de los trabajadores confía en que el juez desestime el expediente.

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GARA | MADRID

El comité de empresa de Celsa Atlantic (antigua Laminaciones Arregui) confía en que, tras el juicio celebrado ayer en la Audiencia Nacional, el juez desestime el ERE de suspensión que afectaría a 160 trabajadores de las plantas alavesas de Gasteiz y de Urbina.

El comité de trabajadores de Celsa Atlantic en Araba recurrió el ERE ante el Juzgado de lo Social de la Audiencia Nacional, organismo competente en este caso ya que el ERE afecta a trabajadores de dos comunidades autonómicas porque también es de aplicación a la plantilla de la empresa en Galicia.

Al término del juicio, fuentes sindicales expresaron su satisfacción por el desarrollo de la vista y su confianza en que finalmente se desestime el ERE de suspensión durante dos años ya que incluso un informe de la Inspección de Trabajo de Madrid «da la razón» a los trabajadores y considera que la empresa «actuó de mala fe» en la negociación.

Representantes de los trabajadores llevaron a cabo sendas concentraciones en Gasteiz y Madrid con motivo del juicio. La protesta de Madrid contó con la presencia del diputado de Amaiur Iker Urbina, que rechazó la imposición de la reforma laboral y abogó por construir otro modelo económico y social.

Aparte del procedimiento judicial en la Audiencia Nacional, está pendiente aún de resolución un recurso presentado por Celsa Atlantic ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declaró nulo otro ERE, en este caso de extinción de 178 puestos de trabajo, en las plantas de Araba.

El TSJPV declaró nulo el expediente porque considera que vulneraba «los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical» y que fue «una respuesta o represalia empresarial» por la huelga que secundaron los trabajadores durante seis meses.

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