El Documento de Bases que Iñigo Urkullu ha trasladado a los grupos de la oposición comienza haciendo hincapié en los profundos inconvenientes que para la economía de la CAV supondría tener que prorrogar los presupuestos y, asimismo, destacando el pésimo contexto económico en el que se mueve este país. Ante ello, el lehendakari apela a la necesidad de trasladar un mensaje de responsabilidad institucional. Sin embargo, esa situación que califica de «emergencia presupuestaria» no se compadece luego con la actitud que ha mantenido su Gabinete en esta materia, ni con el resto del contenido de ese mismo documento, en el que la única propuesta real respecto a las cuentas públicas del presente año se limita a negociar una serie de enmiendas que permitirían a sus interlocutores hacer que se visualice su «impronta».

A partir de ahí, Urkullu mira al día después de una eventual aprobación de los presupuestos y dice comprometerse a concertar los planes y programas sectoriales que vaya a aprobar el Gobierno, y también a emprender reformas en materia fiscal, cuyos efectos entrarían en vigor el próximo ejercicio. Es ahí donde entra en juego la credibilidad del proponente, quien ha tenido tiempo más que suficiente para presentar propuestas en esta materia y tratar de alcanzar un acuerdo en aras a sacar adelante el proyecto presupuestario. No lo ha hecho hasta ahora y tampoco con este documento muestra intención de hacerlo. Al contrario, al comprometer la negociación de todos esos planes y reformas a la aprobación de sus cuentas, es él quien relativiza la importancia de estas y de aquellos.

La situación de emergencia a la que alude el documento es real, por eso no se entiende la parsimonia del Ejecutivo ni su nulo esfuerzo por lograr los apoyos que necesita. Al contrario, parece que Urkullu ha buscado en todo momento un escenario de prórroga presupuestaria, a pesar de la inseguridad jurídica y económica que, según sus propias palabras, ello conlleva.