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Tensión en el inicio del macrojuicio por el escándalo de las prótesis mamarias

Más de 5.000 víctimas, 300 abogados y cinco acusados protagonizaron ayer en Marsella la tensa apertura del macrojuicio por estafa en relación al escándalo de las prótesis mamarias defectuosas PIP, que empleaban un gel industrial y fueron prohibidas en 2010.

GARA | MARSELLA

El proceso por engaño agravado y estafa contra los fabricantes franceses de los fraudulentos implantes mamarios PIP, un escándalo sanitario de proporciones mundiales que estalló en 2010, comenzó ayer en medio de un clima de tensión en un centro de convenciones habilitado por el Tribunal Correccional de Marsella para la ocasión. Se calcula que más de 80.000 mujeres en todo el mundo llevaron estas prótesis hasta su prohibición en 2010, aunque en el juicio, que tiene una duración prevista de un mes, se ciñe a las denuncias presentadas por 5.127 mujeres.

Cinco directivos de la empresa Poly Implant Prothèse (PIP), hoy en liquidación judicial, incluido su fundador, Jean-Claude Mas, de 73 años y centro de todas las miradas, se sientan en el banquillo de los acusados y se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión. Las tres primeras jornadas estarán centradas en dirimir cuestiones de procedimiento planteadas por los abogados defensores.

La empresa, constituida en 1991, llegó a ser durante un año el cuarto productor mundial de implantes mamarios. En buena medida gracias a su bajo precio, ya que estaban fabricadas con un gel no autorizado, un derivado de una silicona industrial utilizado también en la elaboración de ordenadores y artículos de cocina, diez veces más barato que los productos homologados.

Con este procedimiento, PIP, que con ayuda de sus empleados lo ocultó a las inspecciones sanitarias, logró un ahorro de un millón de euros anuales, según la acusación. Y levantó un imperio que traspasó las fronteras del Estado francés, donde obtenía el 84% de su facturación, sobre todo hacia América Latina.

La detección por parte de los médicos de un elevado porcentaje de rotura de los implantes PIP llevó a la apertura de una investigación que sacó a la luz la estafa.

Mas, descrito por sus empleados como un «dictador», defiende que su gel era mejor que el homologado y más barato y asegura que no tenía riesgos para la salud. Un argumento que los servicios de inspección médica no han podido rebatir, ya que no han demostrado que los implantes tuvieran consecuencias sanitarias, aunque sí constataron anomalías que facilitaban su ruptura y supuración.

El fundador de la empresa pasó varios meses en prisión arguyendo no tener liquidez para pagar la fianza. Ayer repitió ante el tribunal que su único ingreso es su pensión de 1.700 euros, lo que fue recibido con abucheos por decenas de afectadas que piden ser indemnizadas por daños, algo que parece difícil ya que los acusados se declaran insolventes.

inspecciones

Los abogados de las víctimas lamentan que en el banquillo no se sienten los responsables de las inspecciones sanitarias que no hicieron bien su trabajo o la empresa alemana que certificaba las prótesis y que durante años dio su aval a un producto que no estaba conforme con las normas

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