A cuenta de las denuncias realizadas por representantes sindicales del servicio de ayuda domiciliaria de Araba, el diputado general de este territorio, Javier De Andrés, decía lo que acostumbran a decir la mayoría de responsables institucionales sobre los servicios públicos cuya gestión venden a manos privadas: que el SAD está subcontratado y que por ello la Diputación se relaciona solo con las empresas y no con los trabajadores. Y allá se arreglen entre ellos, vino a decir. Confundiendo dos términos: porque si bien es cierto que Diputación está actuando de forma irresponsable con usuarios y trabajadores de este servicio, también es bien cierto que la responsabilidad de todo lo que ocurra con este servicio es, yo diría que casi en un 90%, responsabilidad de la institución foral. Por más que Marta Alaña y De Andrés hagan continuamente ejercicios de escapismo.

Todo el servicio de ayuda domiciliaria de Araba que provenga de la aplicación de la Ley de Dependencia es responsabilidad de la Diputación. Solo en Gasteiz el Ayuntamiento gestiona este servicio para las personas que no tienen reconocida situación de dependencia. Y esta es, a grandes rasgos, la situación actual: de los 36 millones de euros que la DFA dedicaba a este servicio en los presupuestos de 2008 se ha pasado a los 18 millones del presupuesto para 2013; se han reducido las personas usuarias y la intensidad de los servicios, rebasando ya el 40% de reducción en horas de servicio; como consecuencia de todo ello, de 2010 a 2013 han desaparecido en este sector unos 350 puestos de trabajo. Sin despidos. Por pura inanición. Y la curva descendente sigue sin freno.

Quienes defendemos el valor de lo público, la necesidad de dignificar todos los servicios públicos, el objetivo de revertir todo lo que las distintas instituciones han dejado en manos de las empresas para su lucro particular, no podemos aceptar que un cargo institucional eluda sus responsabilidades. En ningún caso. Todos los servicios públicos privatizados debieran preocupar y ocupar a las instituciones que los financian. No puede ser que privatizar signifique dar dinero a empresas privadas «a fondo perdido». No puede ser que las instituciones no controlen la gestión del dinero público con el que pagan las privatizaciones, lo que incluye tanto las condiciones del servicio que se presta como las condiciones laborales de quienes las realizan.

Pero es que en el caso del servicio de ayuda domiciliaria, que es un servicio público, la responsabilidad directa de la institución va mucho más allá de la realización del concurso y adjudicación del servicio. En este caso, a las empresas se las contrata prometiéndoles un precio por hora de servicio, sin concretar el montante de esas horas. La institución, además de redactar los pliegos del concurso y con ello las condiciones básicas del servicio y decidir las empresas adjudicatarias, es la que realiza las valoraciones de dependencia, quien en base a esas valoraciones asigna grados de dependencia y los servicios que les corresponden, el número de horas de la ayuda, los servicios que en ese tiempo se prestan y en qué momento del día hay que hacerlas. Las empresas solo tienen que rellenar el cuadrante con el nombre de una trabajadora.

¿Y qué hay de las condiciones laborales? ¿Quién las establece? Pues vayan a preguntarles a las empresas que, en vista de que Diputación otorga cada vez menos horas, que saca unos pliegos sin garantía de continuidad y viabilidad del servicio, que marca unos salarios de partida iguales a los del convenio actualmente vigente... no aceptan, ni aceptarán una renovación de convenio que persiga mejora alguna de unas condiciones laborales que Diputación ha tirado por tierra. Son responsables de plegarse siempre a los deseos de Diputación, mirando solo preservar su beneficio y no el futuro de ruina del sector. Pero Diputación es realmente quien maneja esta barca.