El Ejecutivo luso, tras un Consejo de Ministros que se prolongó hasta la madrugada, explicó ayer las primeras medidas acordadas con la misión de la troika que visita Lisboa y cuyo importe por áreas aún debe «concretar» y exponer a la oposición y a empresarios y sindicatos.

Según el Gobierno, los recortes, que equivalen a un 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), permitirán al país recibir un nuevo tramo de su rescate financiero, de un total de 78.000 millones de euros, y tener más tiempo para devolver los préstamos a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI). «Va a haber presiones sobre los servicios públicos porque todos van a tener menos recursos de lo que estaba previsto en los Presupuestos de 2013», reconoció el ministro de la Presidencia, Luis Marques Guedes, al informar en rueda de prensa de las medidas, junto a otros miembros del Ejecutivo.

Los ajustes afectarán «a los gastos de personal, de bienes y servicios y de gastos corrientes» en todos los ministerios sin excepción y, además, estas medidas «no evitarán presentar una reforma estructural del Estado» para ahorrar 4.000 millones de euros anuales de forma permanente ya comprometidos con la troika.

Además de los 800 millones en recortes directos de gasto, el Ejecutivo espera compensar los 1.300 millones que supone el fallo del Tribunal Constitucional con ahorros derivados de la «reprogramación» de fondos europeos y proyectos de inversión de sociedades de capital público y privado, que liberarán 500 millones en los presupuestos.

Fin de la inspección de la troika

Entretanto, la UE y el FMI concluyeron ayer la evaluación extraordinaria realizada esta semana a Portugal, tras el anuncio de nuevos recortes.

Un breve comunicado de cinco líneas, que constituye la única información divulgada por la misión de la troika en los cuatro días que ha permanecido en Lisboa, informó de que sus técnicos discutieron con el Gobierno luso la política para compensar las medidas de austeridad que prohibió el Constitucional. «Las discusiones continuarán con el objetivo de asegurar los plazos de ejecución de la séptima revisión (del programa de rescate financiero)», decía el texto.