«A mi hermano lo mataron por la espalda, como cobardes. Quiero que se persiga a los responsables. A los que dispararon y al verdadero responsable, que es Capriles». Edgardo Ponce, de 39 años, es el último de una larga saga de diez hermanos. «Ahora nos quedamos nueve», indica, en voz baja, frente al velatorio de José Luis, instalado junto a la urbanización La Limonera, en Baruta, un oasis rojo en medio de una zona acaudalada y bastión antichavista. Este ebanista, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con seis hijos y que residía en un piso de la Misión Vivienda, es una de las ocho víctimas mortales causadas por los grupos de la derecha que en la noche del lunes tomaron las calles después de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no reconociese el triunfo de Nicolás Maduro. Quemaron Centros de Diagnóstico Integral (ambulatorios promovidos por Hugo Chávez con el apoyo del Gobierno cubano), oficinas de Mercal y hostigaron las sedes de Venezolana de Televisión (emisora pública) o Telesur. Ahora, Capriles intenta eludir sus responsabilidades e incluso señala a los bolivarianos como culpables de ataques perpetrados contra sí mismos. En la prensa internacional se habla de «enfrentamientos», como si dos grupos hubiesen chocado en una guerra. Sin embargo, familiares de las víctimas y testigos rechazan esta versión y denuncian la campaña de asedio lanzada por la oposición.

«El lunes, alrededor de las 21.00 (3.30 en Euskal Herria), nos llamaron para advertirnos de que el CDI estaba siendo atacado. Así que nos desplazamos hasta allá diez motorizados, para proteger a los doctores», explica Nélida Hurtado, de 37 años, que no comprende la fijación hacia los ambulatorios gratuitos ya que «hasta los ricos se curan ahí». Tras el aviso, Hurtado, junto a José Luis, Rosiris y otros siete compañeros más se pusieron en marcha. «En el camino había «guarimba» (disturbios) y se habían quemado cauchos. Nosotros fuimos a decirles que protestasen de forma pacífica», rememora.

Fusil semiautomático

En medio de la patrulla, nadie prestó atención a tres vehículos estacionados en medio de la carretera. Ellos, por el contrario, sí que estaban atentos. Aprovecharon que José Luis y Rosiris daban la vuelta ante la presencia de una barricada y les lanzaron una ráfaga por la espalda. El hombre murió en el acto. La mujer agonizó durante dos días y falleció en el hospital. Los agresores, que usaban vehículos de gran cilindrada y fusiles AR-15, una semiautomática, abandonaron el lugar sin ser detenidos. También en las armas y los coches existe un abismo de clase. «Si hubiesen disparado en el interior del CDI la matanza hubiese sido mayor», considera Ponce. «Nosotros no íbamos armados», añade Hurtado, quien denuncia la indefensión ante la que se enfrentaron.

«Pese a que había problemas desde temprano, la Policía de Baruta no apareció», indica. No sorprende. Este municipio, donde inició su carrera política el propio Henrique Capriles, es uno de los grandes feudos de la oposición. Así que los uniformados, controlados por Gerardo Blyde, miran a otro lado si los ataques van dirigidos contra chavistas. El del lunes no fue el único. Un día después, cuando los vecinos portaban el cuerpo de José Luis Ponce hacia el velatorio, una bala alcanzó en el hombro al joven Isaac Lozano. Los disparos procedían de la urbanización Manzanares, edificada sobre los edificios sociales y un foco de agresión constante.

La vivienda donde residía José Luis Ponce luce ahora una pequeña bandera venezolana. Su féretro fue velado por decenas de personas hasta el entierro, que tuvo lugar ayer. Incluso el presidente, Nicolás Maduro, visitó a la familia, declarando a las víctimas «mártires de la patria». Son el símbolo del último intento de desestabilización. A las 20.00 (2.30 en Euskal Herria), las cacerolas volvían a escucharse a lo lejos. Una «falta de respeto» según Ponce. Él, a estas alturas, solo quiere que los responsables sean juzgados.