Sin duda, el mes de marzo ha supuesto un punto de inflexión en materia de política penitenciaria, por varios motivos.

Por una parte, el Estado español tuvo que afrontar el bochorno de comparecer ante el Tribunal de Estrasburgo acusado, por sentencia unánime, de vulnerar la Convención Europea de Derechos Humanos con el alargamiento de condenas a los presos y presas políticas vascas. Además, la vista del 20 marzo volvió a constatar el amplísimo consenso social que existe en Euskal Herria por la desactivación de estas medidas de excepción, un mínimo común denominador que sigue incorporando voces. Y una ratificación de la sentencia del Alto Tribunal sería importantísima para empezar a desbloquear el punto más sensible del proceso de resolución y paz.

Sin embargo, marzo y sus coletazos también nos han dejado la respuesta de los estados a las históricas manifestaciones de Baiona y Bilbo: se han movido, pero hacia atrás. Y si hasta ahora aludíamos al bloqueo, mucho nos tememos que podemos empezar a hablar de involución.

Mantener las medidas de excepción supone una ruleta rusa, una apuesta consciente por la fatalidad. El mes pasado nos mostró los efectos de seguir manteniendo la política penitenciaria actual: las muertes de dos presos políticos, más accidentes de tráfico de familiares y un hecho que tampoco queremos pasar por alto: los crecientes episodios de agresiones y palizas en las cárceles. En definitiva, una vuelta de tuerca más a la espiral del sufrimiento y una voluntad declarada de seguir haciendo daño.

Además, ante el claro mandato social del 10 de noviembre y el 12 de enero, los gobiernos han puesto en marcha todos sus recursos para sacar a presas y exiliadas del debate político. Lo estamos viendo con motivo de la constitución de la ponencia de paz del Parlamento Vasco, donde el PP pretende dirigir el foco hacia una parte del pasado para no abordar las graves vulneraciones de derechos humanos que sigue habiendo. Lo mismo sucede con la apuesta por encarcelar a más personas y este permanente ruido mediático-jurídico que lo mismo carga contra el término «presos políticos» que amaga con retomar la estrategia ilegalizadora. En todos los casos el objetivo es marcar la actualidad con fotografías viejas, instalarnos en un bucle hacia el pasado para sacar de la agenda los pasos de futuro. Porque tienen muy claro que el primer paso debe ser cambiar la política penitenciaria.

Paradójicamente, todo esto significa que vamos por el buen camino de cara a superar las medidas de excepción. Al fin y al cabo, la presión social de los últimos meses les ha obligado a moverse, por mucho que el paso haya sido hacia atrás. Y es que tras su aparente firmeza se esconde la debilidad de quien echa su última carta. Es su única baza, aunque vayan a jugarla todo el tiempo que les sea posible. Sin em- bargo, el hecho es que son incapaces de sostener ante la sociedad vasca la necesidad de mantener la dispersión, la doctrina 197/2006 o el encarcelamiento de presos y presas enfermas. Ese debate lo hemos ganado, y por eso tratan de desviarlo.

Esta huida hacia atrás, no obstante, es una terrible amenaza para la mayoría social vasca. No tenemos duda de que el PP y el PSF están cada vez más arrinconados, en una postura extremista absolutamente minoritaria en nuestro país, y que se les acabará haciendo insoportable. Pero lo que nos preocupa son los efectos prácticos de su jugada, porque ya no es solo que el proceso se ralentice, que nos traten de robar un futuro de resolución y paz; el quid está en un asunto prepolítico: violar hoy los derechos humanos es apostar a una muerte mañana. Y ese debe ser, en nuestra opinión, el primer punto en el orden del día: terminar con las medidas de excepción para evitar más muertes.

No podemos resignarnos a esta ruleta macabra, y ahora más que nunca tenemos que incidir en nuestro objetivo. Está visto que la adhesión social mayoritaria no es suficiente por sí sola para terminar con las medidas de excepción, y creemos que ha llegado el momento de pasar a la acción social mayoritaria. Esto es, articular el amplio consenso que ya existe, llevarlo a todos los ámbitos sociales y hacerlo efectivo mediante acciones unitarias y sectoriales, en Euskal Herria, hacia los estados y ante la comunidad internacional. En definitiva, dar un paso adelante desde la pluralidad, poner en marcha una dinámica tan pacífica como contundente y ser todavía más radicales en la defensa de los derechos de los presos y la voluntad mayoritaria de este país.

Tenemos que detener el sufrimiento; necesitamos un gran frente por los derechos humanos, la resolución y la paz. La gran protagonista debe ser la ciudadanía, pero todos los partidos, sindicatos y agentes sociales de este país estamos llamados a contribuir a ese espacio. Tendremos que dejar de lado muchos intereses particulares en favor de los generales y no incidir en efectos cortoplacistas sino en estrategias de largo recorrido.

Estamos ante un panorama complicado. Y en lo que nos toca como movimiento tenemos que ser inteligentes, tomarle la medida al reto, trabajar mucho y, sobre todo, trabajar bien. Herrira no puede limitarse a exigir a los estados, porque es evidente que no quieren y parece que no van a querer. Y tampoco hacemos nada aferrándonos a unos lemas si no generamos el torbellino social que los haga materializables. No se trata de soñar con unos objetivos, sino de salir a la calle y alcanzarlos por nuestros medios. Y para eso, tengámolos claro, necesitamos a la sociedad, a esa sociedad que ya está de acuerdo con lo que pedimos, pero a la que todavía no hemos organizado para ejercer la presión suficiente.