Sobre el papel, el proceso soberanista sigue en marcha, cumpliendo los tiempos y los hitos marcados por CiU y ERC en el Pacto de Estabilidad firmado por ambas formaciones el pasado mes de diciembre. A saber, el Parlament aprobó la Declaración de Soberanía, la tramitación de la ley de consultas sigue su curso -debería estar aprobada antes del parón estival- y el Consejo Asesor para la Transición Nacional ha empezado a dar sus primeros pasos. Es cierto que este último foro no se ha convertido en lo que se esperaba -fue nombrado unilateralmente por el Govern-, pero por contra, esta semana se ha aprobado la puesta en marcha de la comisión parlamentaria sobre el derecho a decidir y en los próximos días o semanas verá la luz el Pacto Nacional sobre el derecho a decidir, con la participación de agentes políticos, sociales, económicos y culturales. Dos foros no previstos por el Pacto de Estabilidad.

El acuerdo entre nacionalistas conservadores y republicanos también contemplaba el diálogo con el Estado y la petición formal de permiso para celebrar un referéndum. El diálogo con el Gobierno de Rajoy ya ha comenzado y, aunque no se ha efectuado la petición formal, según el acuerdo el Govern tiene todo 2013 para hacerlo.

Todo marcha, por lo tanto, según el rumbo marcado por CiU y ERC. Y sin embargo, las dudas acerca del proceso soberanista son más grandes que nunca, dentro y fuera de Catalunya. CiU -también ERC- insiste en que lo que cuentan son los hechos y no los dichos. Pero lo cierto es que las declaraciones de algunos sectores de la federación conservadora no concuerdan con los mencionados hechos. A las habituales aventuras verbales del número dos de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, incómodo con el proceso soberanista y con la alianza con ERC, se le han sumado en las últimas semanas voces dentro de la propia Convergència, entre las que cabe destacar, por su cercanía y confianza con el president, Artur Mas, al conseller de Justicia, Germà Gordó, que hace unos días declaró que sin el permiso del Estado no se podría realizar la consulta.

Mientras las bases -animadas por el sector más soberanista de la cúpula- siguen apretando para que el proceso siga adelante, otros sectores de CiU -como el más estrechamente relacionado con los poderes fácticos- abogan por aparcar el soberanismo y mejorar las relaciones con el Estado. Una situación que cada semana da como resultado nuevas declaraciones contradictorias, llevando el proceso y a la ciudadanía a un estado próximo a la esquizofrenia en el que uno, ciertamente, no sabe qué pensar. Y es que la imagen que se refleja es la de un rumbo incierto en el que la hoja de ruta parece ser poco más que una invitación a la improvisación.

Para explicar el estado de zozobra en el que parece estar encallado el proceso es necesario recuperar las declaraciones de Gordó, ya que dan en una de las claves. El Pacto de Estabilidad recoge que a lo largo del 2013 se deberían agotar todas las vías para convocar una consulta con el permiso del Estado, tras lo cual, en caso de negativa, las condiciones para realizar la consulta al margen del Estado estarían dadas.

El recorrido de este 2013, por lo tanto, es muy cómodo para el Govern, ya que no implica ninguna apuesta política de riesgo. Basta con pedir el permiso del Estado. El problema vendrá cuando llegue la esperada y previsible negativa del Gobierno español, escenario que desde el Govern siguen empeñados en no querer afrontar públicamente, asegurando que no deben hablar del `plan B'. Este silencio es el que desencadena las dudas, ya que nadie en Catalunya espera el visto bueno del Gobierno a la convocatoria de la consulta y todos son conscientes de que el derecho a decidir deberá ser ejercido -si es que se ejerce- al margen del Estado.

Este silencio produce cansancio en las filas soberanistas, más aun cuando solo es roto por declaraciones y rumores que no hacen más que aumentar las dudas. Sin ir más lejos, esta semana «La Vanguardia» publicaba que «Artur Mas volverá a ser candidato de la Generalitat». Dado que el president anunció en la última campaña electoral que su futuro político quedaría ligado al proceso soberanista y que se retiraría una vez ejercido el derecho a decidir, esta información solo puede tener dos significados: o Mas está dispuesto a romper su promesa o los catalanes no serán llamados a una consulta en esta legislatura.

Otro gran condicionante del proceso es la grave situación económica que afronta la Generalitat, con las cuentas en números rojos y dificultades para pagar las nóminas a final de mes. El problema de Mas en este campo es doble. Por un lado se enfrenta a las presiones de sectores de su formación para que aparque el proceso, negocie con el Gobierno y consiga una mejor financiación -las negociaciones ya están en marcha-. Por otro lado, el malestar social es cada vez más evidente -una gran manifestación contra los recortes recorrerá hoy el centro de Barcelona-.

Es fácil pensar que el proceso soberanista ha actuado hasta ahora como amortiguador del descontento social, por lo que es probable que la conflictividad social aumente de forma proporcional al crecimiento de las dudas sobre el proceso.

El Estado conoce esta realidad y no duda en utilizarla para presionar a la Generalitat. El último ejemplo es el anuncio, realizado el viernes, de que el objetivo de déficit para las autonomías se quedará en un 1,2 %, muy lejos del 2% con el que esperaba contar la Generalitat para no recortar los más de 4.000 millones de euros previstos.

Esta cifra del objetivo de déficit dificulta la aprobación de los presupuestos, ya que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, rechazó hace unas semanas dar su apoyo a unas cuentas incluso con un objetivo de déficit del 2 %, ya que equivaldría a recortes de más de 2.000 millones de euros. Está por ver si el movimiento de Junqueras se mantiene y obliga a la Generalitat a trabajar con unos presupuestos prorrogados o si se trata de un órdago de los republicanos para conseguir una aceleración del proceso soberanista a cambio del apoyo a los presupuestos.

Sea cual sea la circunstancia, la situación es cualquier cosa menos fácil. Unas cuentas prorrogadas limitan tanto la capacidad como la credibilidad del Govern, mientras que unos presupuestos con duros recortes aprobados a cambio de avances en el ámbito soberanista podrían dar pie -como advierten desde la CUP e ICV-EUiA- a una relación entre proceso independentista y recortes, con consecuencias poco halagüeñas de cara al resultado de la hipotética consulta.