El Juzgado número 4 de Iruñea inadmitió ayer la querella penal que Yolanda Barcina interpuso contra Kontuz cuatro días antes del Congreso de UPN. La presidenta acusó a la asociación sin ánimo de lucro de «calumnias e injurias y acusación y denuncia falsa» después de que Kontuz pusiera en conocimiento de la Fiscalía que la participación de Barcina en la sociedad Navarra Building pudo constituir una delito de uso de información privilegiada. El fiscal no vio indicios de delito y la presidenta se apoyó en su auto para presentar su querella.

La iniciativa no prosperó por defectos de forma y el juez dio ayer tres días para presentar un recurso y cinco para apelar a la Audiencia Provincial. El archivo se debe a que, en una querella por injurias, se debe presentar un acto de conciliación. Por exactamente lo mismo se echó atrás la denuncia de Jesús Pejenaute (el consejero que tuvo que dimitir por el escándalo de los billetes de 500) contra la misma asociación.

En su momento, la querella permitió que Barcina diera la vuelta a una situación que se estaba volviendo muy complicada. A inicios de marzo pasado, la presidenta se enfrentaba a su reelección como líder de UPN frente a Alberto Catalán, presidente del Parlamento, que partía favorito en las quinielas. El miércoles anterior al domingo del Congreso, Barcina acudió a los tribunales y se presentó como víctima de una campaña de acoso. El servicio de comunicación de UPN puso altavoz a a este victimismo asegurando que el objetivo de Kontuz era «dañar y debilitar, a través del desprestigio, la imagen de Yolanda Barcina, de UPN y del Gobierno de Navarra». Ayer, sin embargo, UPN guardó silencio. Al final, el resultado del Congreso no pudo ser más ajustado. Barcina se impuso por 72 votos.

La omisión del acto de conciliación en la querella puede constituir un error garrafal de los abogados de la presidenta, pero también puede responder a un interés estratégico. En realidad, la inadmisión y archivo de la iniciativa es lo más cómodo para la presidenta, puesto que no se abrirá ninguna investigación sobre el eventual uso de información privilegiada en la operación de Barcina. De haberse admitido la querella, Kontuz contaría con la posibilidad de recabar la información que deseara para apuntalar lo denunciado ante la Fiscalía.

Cuando el fiscal descartó que hubiera un uso de información empleó la tesis de que Barcina no actuaba en Caja Navarra como cargo público. Esta conclusión resulta contradictoria, puesto que la principal investigación que ahora se lleva sobre la caja (en la que están imputados Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya) versa sobre un delito de cohecho y eso implica que sí que actuaban como cargos públicos en la CAN. La argumentación con la que la juez Benito sustenta el cohecho fue corroborada por Luis Fernández, presidente del TSJN.

Kontuz esperaba este resultado

Kontuz emitió una nota ayer asegurando que el archivo era «el único escenario» que contemplaban. La asociación sin ánimo de lucro recuerda que el auto del fiscal les da la posibilidad de presentar su denuncia ante el tribunal que corresponda y aseguran que valorarán detenidamente esa posibilidad.

A su juicio, esta querella no debe servir para «distraer la atención de lo verdaderamente importante, que es determinar quiénes han sido los responsables de la ruina de Caja Navarra, así como fijar el grado de dicha responsabilidad». En este punto, aseguran que la investigación sigue avanzando y aportando luz al caso, como el hecho de que la operación de Navarra Building se hubiera hecho contra el criterio del Banco de España, algo que la asociación dijo desconocer cuando presentó los hechos ante el fiscal.

Kontuz sostiene que Barcina tiene todo el derecho del mundo a plantear querellas. Ahora bien, recuerdan que a ellos se les puede denunciar en cualquier tribunal y a Barcina solo en el Supremo. Además, recuerdan que es el único miembro de la Permanente que no ha podido ser citado a declarar por las dietas, pese a que tuvo un papel protagonista en esos cobros.