Los participantes en el foro sobre participación política que comenzó el domingo en Bogotá y que finaliza hoy mostraron su apoyo a la incorporación de las FARC-EP a la vida política y pidieron garantías para ello.

En el evento, organizado por la Universidad Nacional y la ONU a instancias de la mesa de conversaciones de La Habana, participaron expertos internacionales como Brian Currin, uno de los impulsores de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica y también facilitador para la resolución del conflicto en Euskal Herria.

En una entrevista con el periódico colombiano «El Tiempo», consideró que «lo más importante es la confianza. Debe haber confianza entre las partes y estas deben encontrar la forma de mantener ese estado. Con eso también llega el liderazgo, y un liderazgo importante es esencial en un proceso de paz difícil». También incidió en la importancia de tener «paciencia y valor» para hacer frente a la oposición que suscitan este tipo de procesos de resolución.

Para Ernesto Agazzi, senador uruguayo y exmiembro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, «el secreto es poder dejar lo mío en un segundo lugar y construir lo nuestro entre todos. Y hoy pensamos en que todos puedan participar en política y que no hay ningún tipo de restricciones».

Kristian Herzbolheimer, observador de las negociaciones entre el Gobierno de Filipinas y el Frente de Liberación Islámica, destacó al citado rotativo que «la paz es un proceso largo que necesita de perseverancia, tenacidad y, sobre todo, de creatividad y de participación amplia de la ciudadanía».

Desde La Habana, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que «sin armas, el Estado ofrece las garantías necesarias» para que, en este caso, las FARC «se incorporen a la democracia». No obstante, en una declaración leída antes de incorporarse a la mesa de diálogo reconoció que el Estado debe ampliar el marco actual de participación y «consolidar un estatuto que garantice los derechos de la oposición».

Precisamente, la necesidad de crear «un estatuto de la oposición» fue una de las propuestas planteadas entre el domingo y ayer en el foro de Bogotá.

Piedad Córdoba, exsenadora y portavoz de Marcha Patriótica, defendió esta iniciativa y pidió que se declare delito la estigmatización política «porque de lo contrario, solo pueden hacer política quienes están en la cúpula de los partidos, los de siempre».

Omer Calderón, que ejerció de portavoz de la Unión Patriótica (UP), recordó la persecución que sufrió este partido político, que perdió a cerca de 5.000 militantes, entre ellos varios candidatos, en acciones violentas.

El congresista Iván Márquez, hijo del reconocido dirigente de la UP Manuel Cepeda, muerto en un atentado en 1994, reclamó «garantías para que nunca más se repita un exterminio similar» y «la necesaria democratización del acceso a los medios de comunicación en Colombia».