El piso cuya subasta se ejecutó ayer pertenece a Angel Tapia y María Ordaiz, una pareja de origen ecuatoriano de quien dependen dos hijas estudiantes y un nieto. Según explicó a las puertas del juzgado Mikel Otazu, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Tapia y Ordaiz se asentaron en Iruñea hace trece años y en 2007, cuando ambos se encontraban trabajando, firmaron un préstamo hipotecario por 210.000 euros «porque podíamos afrontarlo», según explicó María Ordaiz.

Sin embargo, hace más de un año él se quedó en paro y tuvieron que afrontar las deudas y los pagos ordinarios solo con el sueldo de ella, por lo que dejaron de pagar la hipoteca en junio, «y ya en octubre teníamos la demanda» de la entidad, Caja Laboral Popular.

En los últimos meses, al conseguir Angel un empleo por horas, la familia intentó renegociar las condiciones al poder afrontar el pago de al menos 300 euros mensuales, pero la entidad siguió adelante con la subasta, aunque en una reunión ayer mismo les avanzaron su intención de «no desahuciarles».

No obstante, los afectados dijeron no fiarse de la entidad, ya que hace algunos meses «se comprometió a paralizar todo tipo de ejecuciones y no lo están haciendo porque están recurriendo al juzgado para pedir las subastas de las viviendas».

Al acto de ayer no acudió ni el banco demandante ni ningún otro postor por la casa, por lo que Caja Laboral tiene 21 días para adjudicarse la vivienda, aunque Otazu anunció que recurrirán el acto de ayer por «indefensión», ya que la familia no contaba con abogado ni procurador y han solicitado su derecho a justicia gratuita.

El recurso incidirá en la «injusticia» que supone la existencia de «disparidad de criterios» entre los jueces ante casos similares, como lo demuestra que una hermana de Ángel, en circunstancias similares «y entregando los mismos documentos», ha visto cómo el Juzgado de Primera Instancia número 4 ha paralizado la subasta que iba a tener lugar mañana.