Marie Fleming, profesora universitaria de 59 años que padece esclerosis múltiple y lleva más de 25 en silla de ruedas, había apelado ante el Supremo en febrero, después de que un tribunal le denegase el derecho a que su marido, Tom Curran, le ayudara a quitarse la vida.

Un fallo a su favor en este caso, sin precedentes en Irlanda, hubiera forzado al Gobierno de Dublín a legislar para permitir, en ciertas circunstancias, la eutanasia, asunto que como el del aborto genera resistencias irracionales en un país católico.

En Irlanda, la eutanasia está prohibida en virtud de la llamada Ley de Derecho Criminal de 1993 y se castiga con un máximo de 14 años de cárcel a quien «ayude, instigue, aconseje o procure» un suicidio asistido. Los siete jueces del Supremo rechazaron los argumentos de la defensa, que sostuvo que la legislación vigente viola los derechos personales y a la vida de Fleming, de acuerdo con los principios recogidos en la Constitución y en la Convención Europea de Derechos Humanos.

El Tribunal Supremo de Dublín hizo suyas las tesis de los abogados del Estado, que interpretan que el principal objetivo de la Constitución irlandesa es «proteger la vida» y que cualquier derecho encaminado a permitir un suicido va en contra de ese principio.

No obstante, como ya hiciera el Tribunal Superior en enero, la presidenta del Supremo, Susan Denham, aseguró que el veredicto emitido en un caso «tan triste» y «trágico» como el de Fleming no debe ser «impedimento» para que el Estado y el Parlamento introduzcan, si así lo desean, «salvaguardas apropiadas» para hacer frente a situaciones similares en el futuro.

Pero la juez insiste en que en el texto de la Constitución no se hace referencia al «derecho explícito de cometer suicidio o de elegir uno mismo el momento de su propia muerte», independientemente de que «pertenezca a un grupo minoritario y desfavorecido» Los abogados de Fleming habían insistido en que la ley discrimina a un grupo de personas totalmente inocentecomo los discapacitados graves, al considerar que no tienen el mismo derecho que el de los capacitados para suicidarse.

Marie, madre de dos hijos, ha dejado claro que quiere morir «en paz» y cuando ella decida, pero no puede acabar con su vida sin la ayuda de su pareja.

Tom Curran dejó entrever que están dispuestos a llevar el caso ante los tribunales europeos, aunque también advirtió de que hará lo que le pida su pareja, quien no asistió a la vista por la gravedad de su estado.