El informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) relativo a la visita realizada hace dos años al Estado español constituye el enésimo toque de atención que desde instancias internacionales se le da a Madrid por su nulo compromiso contra los malos tratos. En este caso, el organismo dependiente de la UE reporta el testimonio «creíble y consistente» de diez personas detenidas por la Guardia Civil. Entre ellas, resulta particularmente duro el caso de Beatriz Etxebarria, que denunció haber sufrido una violación con un palo por parte de sus captores.

Desgraciadamente, ni este ni el resto de informes que periódicamente refieren casos de torturas han logrado que las autoridades españolas varíen su posición al respecto. Basta con leer la réplica dada al informe del CPT para darse cuenta de que el trato dado a los ciudadanos y ciudadanas vascas en los calabozos es precisamente el que esas mismas autoridades quieren que reciban. Parece imposible, por tanto, buscar propósito de enmienda en esa dirección. Europa ya ha condenado a Madrid en tres ocasiones por su negativa a investigar denuncias, pero en la balanza pesa más el rédito obtenido en la impunidad de la incomunicación.

Sin embargo, este informe no interpela solo al Estado español. También deberían sentirse concernidas todas las instituciones vascas que en su día hicieron caso omiso de las denuncias que Europa considera «creíbles y consistentes». Cuando estas diez personas, como muchas otras antes que ellas, detallaron el sufrimiento padecido a manos de la Guardia Civil, fueron escasas las voces que, más allá de los agentes y medios habituales, se alzaron para denunciarlo. Cabe preguntarse, por ejemplo, qué hicieron ante el testimonio de Etxebarria algunos organismos que trabajan por los derechos de la mujer en este país. ¿Mantendrán ahora su silencio? La responsabilidad de aquellos que permiten y alientan las torturas no es un parapeto en el que se pueda cobijar quien no ha movido un dedo para impedirlas.