El fraude fiscal es una práctica denunciada por todo el arco político, un serio problema cuyas consecuencias se perciben de forma más clara y preocupante en medio de una crisis que se alarga sin que se vislumbre su final. Sin embargo, no todas las administraciones son consecuentes con esa preocupación; en realidad, casi ninguna demuestra una verdadera voluntad de descubrir y erradicar una práctica consistente en engañar a las instituciones y robar a todos los ciudadanos y ciudadanas. El proyecto de norma foral contra el fraude elaborado por la Hacienda guipuzcoana supone un paso más en esa lucha. Cabe recordar que en su campaña contra el fraude fiscal logró hacer aflorar 402 millones de euros correspondientes a 2012. Ahora se propone intensificar esa labor, para lo cual contempla medidas como cambios normativos; el plan de comprobación tributaria 2013, que conlleva el plan de inspección que se ocupa especialmente de los llamados espacios de irregularidades; la elaboración de convenios para compartir y contrastar información con las demás haciendas y administraciones forales. Destaca, además, la creación de diez nuevos puestos, mediante OPE, para reforzar la inspección de Hacienda. En definitiva, un nuevo y necesario paso contra algo inadmisible tanto con crisis como sin ella, y una muestra de voluntad política que otros deberían imitar.