Como cada año, la Coordinadora estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha presentado el informe sobre la situación de la tortura y los malos tratos en el Estado español durante el año 2012. En esta ocasión, vio la luz en Barcelona, dado que en la capital catalana está a punto de empezar el juicio contra trece funcionarios por los sucesos de la cárcel de Quatre Camins en 2004.

Según el informe, en 2012 se dieron en el Estado español 288 situaciones de tortura y malos tratos, dejando como saldo un total de 851 personas afectadas. De ellas 68 son de Euskal Herria, en un total de 29 situaciones.

De esta manera, el porcentaje de denuncias por tortura y malos tratos en Euskal Herria -2,49 casos por 100.000 habitantes- sigue quedando por encima de la media estatal, que se sitúa en 1,85.

Cabacas y otros dos

Los representantes del CPDT comenzaron con unas palabras de recuerdo para el fallecido en Bilbo Iñigo Cabacas, así como para el joven de Gasteiz Xuban Nafarrate y una persona inmigrante herida por una bala de goma en la huelga general de setiembre de 2012, a la que se procedió a expulsar del Estado español de forma irregular después de que denunciara el hecho.

Entre los aspectos destacables del informe cabe subrayar precisamente el aumento de las agresiones de las FSE en el marco de movilizaciones sociales -591 denuncias frente a las 433 del año anterior-, con una mención especial a los 53 periodistas agredidos a lo largo del año. También destacan las torturas y malos tratos a inmigrantes -103 denuncias- y personas presas -82 denuncias-.

El informe también menciona el descenso de detenidos incomunicados -aunque denuncia que el sistema que ampara esta práctica sigue vigente- y da cuenta del aumento de agresiones en contextos de movilizaciones sociales, con un papel destacado por parte de la Ertzaintza -35 denuncias-.

Los representantes del CPDT también valoraron el reciente informe del CPT europeo, asegurando que su principal valor es dar credibilidad a lo que la coordinadora viene denunciando año tras año. De la misma forma, también lamentaron que, pese a que el Gobierno del PP conoce dicho informe desde finales de 2011, todavía no ha hecho nada por paliar la situación.