El Ayuntamiento de Astigarraga expuso ayer su lectura de la situación actual del «caso Elgopebi», después de que el pasado febrero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) desestimase el recurso del exalcalde Mikel Zabala (Hamaikabat) contra la obligación de reservar como fianza 415.896,24 euros. A raíz de esta sentencia, el Consistorio decidió embargar la vivienda de Zabala, a la espera de que los tribunales dictaminen sobre el fondo del asunto.

La historia arrancó en 1995, cuando el exalcalde firmó, sin conocimiento del resto de la Corporación y sin los informes técnicos y jurídicos pertinentes, un acuerdo sobre unos terrenos con un representante de la empresa Elgopebi. A finales de ese año el asunto salió a la luz y se votó en el Pleno, donde fue rechazado.

En 1999 llegó a la Alcaldía Euskal Herritarrok, que consideró nulo el acuerdo. La empresa reclamó una indemnización y el caso terminó en los tribunales. En febrero de 2003, el TSJPV reconocía la nulidad del convenio pero obligaba al Ayuntamiento a abonar 415.896,24 euros. El Gobierno municipal presentó recurso de casación.

Ilegalización

Tras las elecciones de ese año, con la izquierda abertzale ilegalizada, fue elegido alcalde Bixente Arrizabalaga, antes en EA y posteriormente en H1! En noviembre de 2006 se emitió una sentencia que desestimaba el recurso. Los intentos de alcanzar un acuerdo con el representante de Elgopebi fracasaron y en febrero de 2011 Astigarraga tuvo que pagar 562.194 euros de indemnización más intereses.

El actual Gobierno municipal, liderado por Bildu, subraya que ya en la anterior legislatura (2007-2011), En la anterior legislatura, los representantes de PP, PSE e IU «solicitaron una investigación y depuración de responsabilidades», cuestiones que no salieron adelante por el voto en contra de H1! « para proteger a su compañero de partido» y la abstención del PNV, «colaborando así activamente en la ocultación de las irregularidades». Ya en esta legislatura, representantes de ambas formaciones han tratado de «calumniar y deslegitimar el proceso iniciado por el equipo de gobierno de Bildu».

Este destaca que su objetivo a la hora de iniciar este proceso ha sido «restituir el grave perjuicio económico causado al Ayuntamiento, y por consiguiente a toda la ciudadanía de Astigarraga, a causa de una actuación irregular. Actuación de obligado cumplimiento por parte de cualquier alcalde ante una pérdida patrimonial».