Estas conclusiones que nos detallan los constantes intentos por parte de los Gobiernos por controlar la información y contenidos que se expanden por el universo virtual, han sido detalladas en el último y reciente Informe de Transparencia de Google, con el que los responsables de la empresa de Mountain View pretenden aclarar tanto la escala como el ámbito de las solicitudes de censura y de adquisición de datos por parte de los gobiernos.

En el encabezado de este informe, Google aclara que «del mismo modo que otras empresas de tecnología y comunicaciones, Google recibe regularmente solicitudes de organismos gubernamentales y juzgados de todo el mundo para que se retire contenido de nuestros servicios o para que se revise para determinar si se debería retirar por incumplimiento de las políticas de la comunidad de un producto».

Por ejemplo, algunas de las solicitudes de retirada de contenido que han llegado a la gran G alegan algún tipo de difamación, mientras que otras alegan que el contenido infringe la legislación local en materia de promoción del odio y contenido para adultos. Las leyes sobre estos asuntos varían según el país, y las solicitudes reflejan el contexto jurídico de una jurisdicción determinada. Tras revisar este informe público, descubrimos que cada vez son más numerosas las peticiones por parte de los gobiernos para que se eliminen entradas en blog que criticaban a mandatarios o a personas asociadas. Las órdenes judiciales llegan desde cualquier país. Por ejemplo, desde Brasil se emitieron 316 solicitudes para que fueran retirados 756 contenidos. En ese caso concreto, estuvo propiciado por la celebración de las elecciones municipales en el país carioca. En el Estado español, los principales motivos de solicitud de retirada de contenidos se refieren, fundamentalmente, a temas relacionados con la difamación o con la privacidad y la seguridad.